A solicitud del Ministerio Público, un juez dictó auto de apertura a juicio contra Antonio Beato Dionicio
A solicitud del Ministerio Público, el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó auto de apertura a juicio contra un ex encargado del Departamento de Suministros de Alimentos de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) procesado por estafar a varias empresas mediante la simulación de compras institucionales.
La acusación contra Antonio Beato Dionicio fue presentada por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, junto a los fiscales Miguel Collado y Emmanuel Ramírez.
El tribunal admitió todas las pruebas aportadas por el Ministerio Público y reconoció la calidad de víctimas a las empresas afectadas, conforme a la acusación, la cual consta de 112 páginas y está sustentada en 60 pruebas documentales, 25 testimoniales, 36 procesales, 5 materiales y 4 periciales, que demuestran la responsabilidad penal del acusado.
De acuerdo con la acusación, Beato Dionicio captaba personas físicas y jurídicas utilizando el nombre del Ministerio Público y de la DGSPC, creando y utilizando documentaciones públicas falsas de dichas instituciones para obtener mercancías que luego revendía.
El juez Reymundo Mejía determinó que los hechos imputados constituyen falsedad en escritura pública, prevaricación y estafa, en violación de los artículos 145, 146, 148 y 405 del Código Penal dominicano.
Debido a la gravedad de los hechos y el tiempo de la sanción esperada, el juez mantuvo la medida de coerción de prisión preventiva, que el imputado cumple en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Baní Hombres, en la provincia Peravia.
Durante su motivación, el magistrado Mejía expresó que “no tengo insumos para ponerlo en libertad”, tras valorar los elementos de prueba y las circunstancias del caso.
Asimismo, el tribunal fijó para el 26 de noviembre la lectura íntegra de la decisión.
La presidencia de las Cámaras Penales del Distrito Nacional deberá apoderar de forma aleatoria al tribunal que deberá imponer al imputado la sanción correspondiente a sus acciones delictivas.
