Santo Domingo.- Un juez impuso prisión preventiva, como medida de coerción, al principal imputado de cometer delitos de maltrato físico y psicológico, así como de trabajo o servicio forzado, en perjuicio de varios niños en un local de una fundación que operaba en San Cristóbal.
La medida de coerción fue impuesta a Ángel Gabriel Capellán (el Pastor o Capellán), mientras que a Isaías Ramón Muñoz Rodríguez le fue impuesta una garantía económica de RD$20 mil pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país.
Ambos fueron sometidos a la justicia por los delitos cometidos contra los menores de edad en la Fundación Restaurando Vida (Un Muerto que Revive), ubicada en el municipio Bajos de Haina, en la provincia San Cristóbal. Capellán deberá cumplir la prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR.XVII) de Najayo San Cristóbal.
La medida fue presentada por Yoanna Bejarán, titular de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), así como por las fiscales Ramona Santana, titular de San Cristóbal, y Fanny M. Garabitos Guerrero, coordinadora de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales (UAVGIDS).
En la audiencia los fiscales litigantes Fanny Garabitos Guerrero y Roberto Reyes, representantes del Ministerio Público, sustentaron con diferentes pruebas la solicitud de medidas de coerción ante el juez José Carlos Arias, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Cristóbal.
En el proceso las personas afectadas estuvieron representadas por abogados del Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima (Relevic).
La instancia detalla que, en el marco de una operación ejecutada la noche del 29 al 30 de agosto de 2026, el Ministerio Público, conjuntamente con otros órganos, realizó allanamientos simultáneos en los sectores La Pared y El Carril, del municipio de los Bajos de Haina, provincia San Cristóbal.
En el operativo se rescataron 13 niños, niñas y adolescentes con edades comprendidas entre los cuatro (4) meses y los trece (13) años.
Las víctimas presentaban signos evidentes de maltrato físico y psicológico. El centro de operaciones intervenido operaba bajo la fachada de una fundación y un espacio religioso, ubicado en el interior de una finca.
La Fiscalía de San Cristóbal, conjuntamente con la PETT, realizó los allanamientos, auxiliadas por el Departamento de Investigación de Trata y Tráfico de Personas de la Policía Nacional y la Unidad Especializada de Investigación Conjunta Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC), con la Dirección de Protección de la Niñez y Adolescencia y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), como áreas de protección.
El operativo se desencadenó a partir de la fuga de uno de los menores retenidos en el lugar que se presentó a un destacamento policial, alertando a las autoridades sobre las condiciones de maltrato a las que eran sometidos los niños, niñas y adolescentes alojados en el establecimiento.
A raíz de la alerta, y luego del inicio de las investigaciones, fueron solicitadas las órdenes judiciales de arrestos ejecutadas contra los imputados Gabriel Capellán y Muñoz Rodríguez.
