El fraude del Seguro Nacional de Salud y Administradora de Riesgo de Salud (Senasa) involucró sumas ascendentes a casi 16 mil millones de pesos establece la Procuraduría Especializada en Persecución de la corrupción Administrativa (PEPCA) en la instancia de solicitud de medida de coerción contra diez personas, entre ellas el exdirector de la entidad, Santiago Hazim.
La PEPCA asegura que desde antes de ingresar a la función pública, Hazim estuvo recibiendo vehículos de alta gama de empresarios que a lo largo de su gestión iniciada en agosto de 2020, formarían parte de la estructura fraudulenta que se benefició del presupuesto de Senasa.
Afirma el órgano investigativo, queel médico ortopeda, estableció una serie de compromisos económicos para cumplir cuando asumiera el control de la institución pública.
En relacion al caso, también fueron arrestados Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero; Germán Rafael Robles Quiñones, exconsultor jurídico; Francisco Iván Minaya Pérez, exgerente de Servicio de Salud; Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera, empresarios, Rafael Luis Martínez Hazim, fundador del Centro de Telemedicina MyCare, Heidi Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella.
Varias personas físicas y jurídicas continúan bajo investigación con el propósito de judicializarlas conforme avancen las indagatorias porque de lo que se trata es de una afectación a un bien colectivo que impacta el derecho constitucional a la salud.
Se detecto un incremento fraudulento en el pago de facturas sobre tratamientos a pacientes con cáncer “abultando el número de sesiones de radioterapia y quimioterapia”, facturación de procesos de hemodiálisis a pacientes fallecidos y en procesos cardiovasculares, se colocaron stent coronarios.
Ademas, “se realizaron procesos quirúrgicos en piel, donde se reportaban lesiones inexistentes o de tamaño irreal que no podían ser corroborados”, así como la realización de endoscopias digestivas altas y colonoscopias a pacientes sin riesgo, ni sintomatología expresa.
La alta gerencia de Senasa obtuvo contratos millonarios fraudulentos, a cambio de soborno; constituyeron una red de empresas de carpeta para realizar operaciones de lavado de activos; generación de cientos de facturas ficticias para sustentar operaciones ficticias con el objetivo de dar apariencia de legalidad.
“Negociaron directamente el otorgamiento y restitución de código a Prestadores de Servicios de Salud (PSS), que previamente habían sido cancelados, convenciendo al director ejecutivo para asegurar la complicidad del sector”, detalla la instancia de 537 páginas depositada.
Dice que las empresas fachadas, emitieron factura con comprobante fiscal por servicios que nunca fueron realizados o prestados, simulando relaciones comerciales para justificar la salida de fondos privados “destinados al pago de sobornos a funcionarios de Senasa a cambio de obtener contrataciones altamente perjudiciales al Senasa”.
Los imputados hicieron facturas falsas y sub-registro, a fin de evitar que las autoridades de fiscalización e investigación, detectaran las maniobras fraudulentas y estados financieros reales.
Obstruyeron el proceso de investigación mediante maniobras como el ocultamiento de información y retardo injustificado en la entrega de las solicitudes de informaciones realizadas por el Ministerio Público.
El órgano investigador que ha solicitado la declaración del caso complejo, se establece que se pudo comprobar que las acciones fraudulentas se ejecutaban mediante un sofisticado esquema que incluye incrementos manipulados, omisiones deliberadas, decisiones contrarias a la normativa y participación coordinada de los distintos actores internos y externos a la institución.
Indica que desde su llegada al Senasa, Santiago Hazim, se rodeó de un círculo cercano de amigos y colaboradores con quienes diseñó un esquema de corrupción institucionalizada a través por la recepción de soborno, la falsificación de contenido de los estados financieros, manipulación de las cuentas contables, creación de programas fraudulentos, privatización de la atención primaria, coalición de funcionarios, prevaricación y estafa en perjuicio del Estado dominicano al cual estaba obligado a servir y proteger.
Antes de su llegada, Hazim habían concebido un plan para favorecer a su entorno cercano. Cita como evidencia la adquisición de un vehículo Lincoln, Navigator 2020, entregado por el empresario José Ortiz Giráldez, para lo que se usó la cuenta bancaria a nombre de su esposa como intermediaria para disfrazar el origen de los fondos.
“Ortiz Giráldez no solo es una persona de estrecha confianza del imputado, sino que después se convertiría en su mano derecha para recibir y manejar parte del dinero producto de los sobornos pagados a Hazim y por las empresas Khersum, SRL, Farmacard, SRL, Deleste, SRL, y Nutrimed, SRL”, dice el documento.
Detalla que a través de OGSS Prestadores de Servicios de Salud Ortiz Giráldez recibió aproximadamente 529 millones de pesos, mediante transferencia bancaria.
“Estos pagos eran exigidos con carácter inmediato por José Pablo Ortiz Giráldez por mandato directo del imputado Santiago Marcelino Hazim Albainy, cada vez que Senasa entregaba fondos correspondientes a los servicios prestados por Nutri-med Marine Alvarado, SRL”, describe el PEPCA.
Indica que Ortiz Giráldez, le entrega a Hazim el 90% del dinero recibido como soborno y que dichas partidas, entregadas en distintos lugares: a veces en la calle, en vehículo privado del extitular del Senasa, en restaurantes o apartamentos alquilados via Airbnb, eran convertidas a dólares previamente.
Detalla que el receptor de los sobornos enfrentó problemas judiciales y por esa razón, la estructura se reacomodó. El entonces consultor jurídico de Senasa, Germán Robles Quiñonez, asumió íntegramente el rol de receptor del pago ilícito del 30%.
“Robles Quiñonez recibió más de 536 millones de pesos en efectivo, entregados directamente a él por la i mputada Cinty Acosta Sención”, en diferentes lugares.
Indica que Jhonny Morales recibió 95 millones de pesos, correspondiente al 3% de lo facturado a Senasa por Nutri-med, por las gestiones con Hazim para seguir el contrato, dice el expediente.
Hazim, Ortiz y Robles, recibieron unos 1,165 millones de pesos en sobornos de las empresas Nutri-med Marine Alvarado, Nutri-med CAS, Nutrición y Medicina con la finalidad de asegurar la comunidad de los programas, agilizar los procesos internos, evitar glosas, aprobar facturas y obtener ventajas indebidas.
Además, que en junio del 2020, antes de que Hazim fuera designado en la entidad, en una reunión en su oficina del sector externo que apoyaba las aspiraciones de Luis Abinader y del Partido revolucionario Moderno (PRM), la imputada Cinty Acosta se comprometió a hacer un análisis de Senasa y elaborar un proyecto para presentarle a Hazim.
Acosta se reunió con una pareja de doctores para hablarles de un proyecto de salud preventiva, a nivel nacional, para manejar diferentes variables en envejecientes. Semanas después, ella le propuso a la pareja de médicos desarrollar el programa de nutrición para adultos mayores, aseguró tener todos los contactos para su aprobación pero a cambio, les planteó una sociedad con el 50% de las acciones de Nutrimed, a cambio de la gestión financiera y comercial de la empresa.
Cinty Acosta utilizó como vehículo societario a las empresas Nutri-med Marine Alvarado, Nutri-med CAS, Nutrición y Medicina para canalizar y materializar pagos de soborno destinados al entonces director del Senasa.
Del 2021 y 2023, esas empresas recibieron pagos por un monto de más de 4,074 millones de pesos.
La Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera (ANEIH) llama a que el Estado cumpla con “su compromiso con una política de cero tolerancia a la corrupción”, sin excepciones y sin distinciones.
“Hemos criticado históricamente malas prácticas en la administración pública, por ello, resulta inaceptable que actores privados también se vean envueltos en acciones que contradicen los principios éticos que deben regir la actividad económica”, destacó.
Agregó que un país donde la ciudadanía pierde la confianza en sus instituciones y en sus sectores productivos pone en riesgo la salud democrática de la nación y no se puede permitir que ese deterioro se normalice.
la Asociación de Industriales de la Región Norte (AIREN) manifestó su compromiso con la transparencia, la ética y el respeto al Estado de Derecho, al tiempo que informó que respalda que avance con rigor e imparcialidad la investigación.
“Confiamos en que las autoridades llevarán a cabo un proceso exhaustivo y responsable, en el que cada denuncia sea evaluada con seriedad, objetividad y apego a la ley, incluyendo la recuperación de los recursos y la aplicación de las sanciones que establezca la normativa”, refirió.
