Santo Domingo, D. N. – La Contraloría General de la República aclaró que no mantiene deudas pendientes con los empleados de carrera administrativa por concepto de bonos de rendimiento individual, tal como ha alegado la Asociación de Servidores Públicos de la institución.

El contralor general, Félix Santana García, explicó que el incentivo de rendimiento individual, contemplado en la Ley 41-08 de Función Pública, se otorga conforme a la disponibilidad presupuestaria, tal como establece la normativa vigente.

“La institución no le debe bonos a ningún colaborador. Siempre hemos cumplido con las disposiciones legales y con la transparencia que nos caracteriza. Contamos con pruebas documentales de todos los pagos realizados.

El funcionario precisó que, en coherencia con las políticas de equidad impulsadas por el presidente de la República, el bono de evaluación de desempeño, que anteriormente se otorgaba solo a empleados de carrera, se entrega ahora a todo el personal previa evaluación, reconociendo así el esfuerzo de cada colaborador sin distinción de estatus laboral.

“El bono exclusivo para el empleado de carrera lo que creaba era una especie de exclusión, provocando mucho malestar y disgusto en el resto de los colaboradores, pero gracias a Dios, ya las instituciones como la nuestra, que dan el bono establecido por el Sistema de Monitoreo de Administración Pública (Sismap) distribuyen ese beneficio por igual entre todos los colaboradores, en cumplimiento del buen desempeño”, enfatizó el contralor.

Asimismo, subrayó que la demanda interpuesta por un grupo de empleados no representa el sentir mayoritario de los empleados de carrera administrativa: “Nuestra gestión seguirá garantizando que los beneficios se otorguen con justicia y en estricto apego a la ley y al presupuesto asignado”, señaló.

El funcionario reafirmó que durante su gestión seguirá abogando por el bienestar de todos los colaboradores y por el cumplimiento de las leyes que rigen la administración pública, asegurando que toda compensación se otorga bajo principios de justicia, transparencia y responsabilidad institucional.

Subrayó que “para nosotros ha sido una sorpresa que colaboradores hayan ido, primero, a la prensa antes de escuchar las explicaciones de las autoridades competentes de esta institución en materia de beneficios a favor de ellos”.

Boston, EE.UU. – Trece personas fueron acusadas relacionadas a un esquema transnacional de fraude a envejecientes que supuestamente involucraba la operación de un “call center” en la República Dominicana, el cual engañó a cientos de víctimas de edad avanzada en los Estados Unidos, haciéndoles creer que sus nietos u otros familiares cercanos estaban en problemas y necesitaban dinero. En total, la investigación identificó a más de 400 víctimas con una edad promedio de 84 años, incluyendo al menos a 50 en Massachusetts, y pérdidas que superan los USD 5 millones.

Según los documentos de acusación, los imputados, dirigidos por Oscar Manuel Castaños García, manejaban un sofisticado “call center” en la República Dominicana que engañaba a adultos mayores en los Estados Unidos con la historia de que sus nietos u otros familiares cercanos estaban en apuros y necesitaban dinero. Una vez obtenían el dinero, supuestamente lo lavaban y enviaban de vuelta a la República Dominicana.

Se alega que Castaños García supervisaba varios call centers en el país, empleando a cómplices que hablaban inglés y ejecutaban lo que comúnmente se conoce como “estafa de los abuelos”. Estas estafas comenzaban con un empleado “iniciador” que llamaba a la víctima haciéndose pasar por un nieto o nieta que había tenido un accidente. Luego, un “cerrador” supuestamente hacía una segunda llamada, haciéndose pasar por el abogado del nieto, solicitando una suma de dinero para cubrir gastos relacionados con el accidente. Castaños García supuestamente operaba estos call centers con la ayuda de varios gerentes que supervisaban, entrenaban y pagaban a los empleados.

De acuerdo con la acusación, los operadores del centro de llamadas instruían a las víctimas para entregar dinero en efectivo a “mensajeros” en los Estados Unidos. En la mayoría de los casos, les indicaban que entregaran el paquete con efectivo a conductores de servicios de transporte por aplicación, quienes eran enviados a la casa de la víctima por un mensajero. Estos conductores, sin saberlo, llevaban el dinero a los mensajeros en puntos de entrega cercanos. En otros casos, las víctimas eran instruidas a enviar el dinero en efectivo por correo o mediante empresas de mensajería a direcciones específicas.

En muchas ocasiones, el call center volvía a llamar a las víctimas para pedir fondos adicionales para el supuesto nieto, a veces dos o tres veces más. Por ejemplo, alegaban que hubo una “confusión” o que “una mujer embarazada perdió a su bebé en el accidente”.

En ciertos casos, los cómplices ordenaban a conductores de transporte por aplicación que llevaran a las víctimas a su banco para retirar más dinero.

Asimismo, se alega que, bajo la dirección de Castaños García y otros, los mensajeros realizaban transacciones financieras con el dinero de las víctimas, incluyendo depósitos en cuentas bancarias y entregas de efectivo a cómplices en Nueva York y otras partes. Los operadores de este esquema se apoyaban en personas que lavan dinero tanto en los Estados Unidos como en la República Dominicana para transferir las ganancias ilícitas desde las víctimas en los EE.UU. hacia Castaños García y otros en la República Dominicana.

El público que sospeche haber sido víctima de este caso, u otras estafas contra envejecientes, debe comunicarse con USAMA.VictimAssistance@usdoj.gov o llamar al 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324). También se puede reportar el fraude al Centro de Quejas de Fraude a Envejecientes del FBI (IC3).

El cargo de conspiración para cometer fraude por correo y fraude electrónico conlleva una pena máxima de 20 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de hasta USD 250,000, o el doble de la pérdida ocasionada a la víctima. El cargo de conspiración para lavado de dinero conlleva una pena máxima de 20 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de hasta USD 500,000 o el doble de la cantidad de dinero lavado, lo que sea mayor. Las sentencias son impuestas por un juez federal de distrito conforme a las Guías de Sentencia de los EE.UU. y las leyes aplicables.

Se contó con la valiosa colaboración de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia; la Policía Nacional Dominicana; la División Especial de Investigación del Crimen Organizado Internacional (DEICROI); la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM); y el Ministerio Público. El caso está siendo procesado por el fiscal federal adjunto David M. Holcomb, de la División Criminal de la Fiscalía del Distrito de Massachusetts.

Una acusación formal es únicamente una alegación. Todos los acusados se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.