La Policía Nacional, a través de la Oficina de Operaciones del Departamento de Crímenes y Delitos Contra la Propiedad (Robo), desmanteló una poderosa banda dedicada a los atracos y arrebatos violentos de celulares en distintos sectores del Distrito Nacional y Santo Domingo Oeste, como resultado de un amplio operativo realizado la noche del miércoles 17 de julio de 2025.

La acción fue ejecutada en respuesta al incremento de denuncias ciudadanas y la difusión de videos en redes sociales que evidenciaban los hechos delictivos cometidos por los miembros de esta estructura criminal.

Durante el operativo fueron arrestados Julio Miguel García (a) Churry, de 30 años; Yeurie Erison Lara Lara (a) Vale, de 25, y Reymon Vásquez Morillo, también de 25 años, todos residentes en distintos sectores de Herrera, Santo Domingo Oeste.

Al momento de su detención, les fueron ocupadas dos motocicletas marca Bajaj Platina, dos cascos protectores y abrigos que usaban para cometer los atracos.

Además, se incautaron 61 celulares de diferentes marcas y modelos, producto de los arrebatos realizados a ciudadanos en la vía pública.

Posteriormente, en la continuación del operativo, los agentes se trasladaron a las calles Fabio Fiallo del barrio Duarte y Segunda del sector Enriquillo, donde fueron ocupadas dos motocicletas abandonadas por dos reconocidos delincuentes identificados como Robert Luis Veloz (a) Chuki y Ronny Alexander Vargas de León (a) Ronny, quienes lograron escapar tras una persecución policial.

La Policía mantiene activa la localización de estos prófugos, así como de otros identificados solo por sus alias: Bombi, El Bruto, Manguera, La Volanta e Isidro, a fin de ser apresados y puestos a disposición de la justicia.

La institución del orden reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana y continúa trabajando para desarticular las estructuras delictivas que afectan la tranquilidad de los dominicanos.

Distrito Nacional, R.D. – El Colegio Dominicano de Periodistas, seccional Distrito Nacional (CDP-DN), exigió este jueves una sanción ejemplar contra un hombre que fue arrestado tras hacerse pasar por reportero para cometer robos en actividades de prensa.

Según confirmaron fuentes policiales, el individuo, de nombre Antonio Alberto Arias de 54 años y residente en Villa Consuelo, utilizaba un supuesto carnet de prensa y se infiltraba en coberturas periodísticas, ruedas de prensa y otros eventos donde lograba sustraer equipos, celulares y pertenencias personales de comunicadores y reporteros gráficos.

El secretario general del CDP-DN, Wilder Páez, calificó la acción como una afrenta a la dignidad del ejercicio periodístico y una amenaza directa a la seguridad de los profesionales de la comunicación.

“Este impostor no solo violentó la ley, sino que atentó contra la credibilidad y la integridad de nuestra labor. Pedimos al Ministerio Público y al sistema judicial que se le imponga una sanción ejemplarizante”, declaró el gremialista.

Al menos 24 ciudadanos y periodistas habían denunciado en semanas anteriores el robo de pertenencias durante coberturas, lo que permitió a las autoridades identificar un patrón y dar con el presunto responsable.

El detenido se encuentra bajo custodia mientras el Ministerio Público prepara la solicitud de medida de coerción correspondiente.

Santo Domingo.- En seguimiento al Plan de Gestión de Tráfico “RD Se Mueve”, el Gabinete de Transporte informó que, desde el domingo 20 de julio, se implementará la segunda fase de la restricción de giros a la izquierda en varias intersecciones de la avenida Tiradentes, con el objetivo de mejorar la movilidad urbana en Santo Domingo.

Durante la primera fase de esta medida, se logró reducir los tiempos de recorrido en más de un 30 %. La segunda fase aplicará restricciones en las intersecciones de Tiradentes con las calles Salvador Sturla, Carlos Sánchez, Rafael Augusto Sánchez, avenida Roberto Pastoriza y calle Frank Féliz Miranda.

Para facilitar el tránsito, se han establecido rutas alternas. Por ejemplo, en el cruce con Salvador Sturla, para quienes viajen en dirección norte-este, deberán continuar hacia el sur, girar a la derecha en Carlos Sánchez, luego en Ramón Corripio y desde ahí entrar a Salvador Sturla para cruzar Tiradentes.

En sentido sur-oeste, la ruta alterna implica girar a la derecha en Salvador Sturla, luego en Gracita Álvarez, tomar Carlos Sánchez para cruzar la avenida e incorporarse a Ramón Corripio.

En la intersección con Carlos Sánchez (giro sur-oeste), los vehículos deberán avanzar hacia el norte, girar a la derecha en Salvador Sturla, luego en Gracita Álvarez y retomar Carlos Sánchez para cruzar Tiradentes.

Para el giro norte-este en Rafael Augusto Sánchez, la ruta alterna es girar a la derecha en Max Henríquez Ureña, luego a la izquierda en Florence Terry Griswuld y finalmente tomar Rafael Augusto Sánchez para cruzar la avenida.

En la intersección con Roberto Pastoriza (giro sur-oeste), los conductores deberán continuar hacia el norte, girar a la derecha en Octavio del Pozo, luego en Alberto Larancuent y retomar Roberto Pastoriza.

Finalmente, para el giro norte-este en Frank Féliz Miranda, la ruta sugerida es continuar hacia el sur, girar a la derecha en avenida 27 de Febrero, luego en Manuel Henríquez y tomar la calle Cub Scouts, que se convierte en Frank Féliz Miranda tras cruzar Tiradentes.

Otras medidas

Asimismo, el Gabinete de Transporte recordó que a partir del lunes 22 de julio se comenzarán a aplicar sanciones económicas a quienes no cumplan con la restricción de giros a la izquierda en tres intersecciones de la avenida Lope de Vega: con Padre Fantino Falco, Gustavo Mejía Ricart y Max Henríquez Ureña. En estos puntos, la multa será de RD$1,000 por violación, conforme a la normativa de tránsito vigente.

Estas medidas forman parte de la primera fase del plan iniciada el pasado 6 de julio, que incluyó un periodo de orientación dirigido por la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), sin aplicación de sanciones.

Concluido ese tiempo de adaptación, las autoridades comenzarán a fiscalizar de forma activa. El Gabinete de Transporte reitera que el propósito de estas acciones no es sancionar, sino lograr un tránsito más ordenado, eficiente y seguro para todos los ciudadanos.

Finalmente, se hace un llamado a los conductores a respetar las nuevas disposiciones, utilizar las rutas alternativas establecidas y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El procurador adjunto Wilson Camacho destacó este miércoles la fortaleza de la investigación que llevó al arresto de militares y civiles en la Operación Lobo puesta en marcha por el Ministerio Público contra una red de sobornos y resaltó que cinco de diez imputados admitieron su participación en los hechos graves que afectaron a varias instituciones del Estado.

“El hecho de que cinco de los diez imputados, o sea, el 50% de los imputados, haya admitido los hechos es una muestra de la fortaleza de la investigación del Ministerio Público y de las razones que hemos aportado al tribunal para que acoja el pedimento del Ministerio Público e imponga a estos (los que confesaron) arresto domiciliario e imponga a los demás prisión preventiva”, sostuvo Camacho.

“Este es un proceso único, ya que pocas veces un proceso tiene a los sobornantes, a los intermediarios y a los sobornantes, y ahora esperamos que el sistema de justicia, sobre todo, con aquellos que no han colaborado con el Ministerio Público, responda en consecuencia”, indicó Camacho.

El responsable de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público encabezó el equipo de fiscales en la audiencia y que estuvo integrado además por la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Elizabeth Paredes, Ernesto Guzmán, Yoneivy González y Rosa María Pichardo.

Al responder preguntas de los periodistas que lo abordaron, el procurador adjunto calificó como irrefutables las pruebas presentadas al tribunal, las cuales incluyen documentación financiera precisa sobre cada transacción vinculada a los sobornos.

“Cada peso que se pagó en soborno está probado en el tribunal con los documentos contables que fueron aportados desde Senase al proceso y con las transacciones financieras que se soportaron sobre esta distribución de sobornos”, puntualizó Camacho.

Explicó que el expediente confirma que todos los imputados tienen registrado el pago de sobornos. “Hay un hecho fundamental: las transferencias las hizo Quilvio Rodríguez desde su empresa directo a las cuentas de los encargados de seguridad de las instituciones”, dijo.

“¿Cómo consiguió Quilvio las cuentas de estas personas? Se las facilitaron ellos en reuniones que se hicieron para coordinar la distribución de los sobornos, y esto es razón más que suficiente para que el tribunal imponga la medida de coerción que ha solicitado el Ministerio Público”, añadió.

Camacho valoró la colaboración de los imputados que admitieron su responsabilidad penal. “Estas cinco personas, primero, tuvieron la responsabilidad de admitir los hechos y de explicar ante el tribunal cuál fue el mecanismo utilizado para la recepción de esos sobornos, y con esto, además, confirman la teoría del caso del Ministerio Público en el proceso”.

Destacó que la colaboración debe ser un elemento diferenciador en el proceso penal. “Las personas que colaboran con el sistema de justicia, el sistema de justicia debe tener un mensaje diferente para con relación a esas personas, que ahora tienen mucho menos incentivo para evadirse del proceso, porque están en colaboración con el Ministerio Público”, indicó.

El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, se reservó el fallo y será este jueves, a las 6:00 de la tarde, cuando emita la decisión.

Entre los imputados figuran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz; los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez; el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar; el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos; el coronel de la Policía Nacional Ramón Quezada Ortiz; el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal.

La estructura criminal impactó negativamente instituciones como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y las empresas distribuidoras de electricidad EdeNorte, EdeEste y EdeSur.

Los imputados enfrentan cargos por soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos, conforme a los artículos 177, 178, 179 párrafo, 180, 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano. También se le imputa la violación al artículo 146, numeral 1, de la Constitución de la República, que prohíbe la corrupción administrativa.

En lo relativo al lavado de activos, se les acusa en base a los artículos 3, numerales 1, 2 y 3; artículo 4, numeral 8; y artículo 9, numerales 1, 2 y 4, de la Ley núm. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.