La Contraloría General de la República y la Policía Nacional iniciaron el taller “ׅAuditoría y Control Interno: buenas prácticas y lecciones aprendidas bajo el marco de la Ley 10-07”, en el que el contralor general Félix Santana García enfatizó la necesidad de que los funcionarios sean transparentes al momento de realizar sus declaraciones de patrimonio.

“Son numerosas las personas que han renunciado a ser funcionarios públicos para no tener que presentar su declaración jurada de patrimonio, a fin de evitar que hijos, esposas, familiares, amigos y otros conozcan los bienes que poseen y estos se conviertan en un serio problema”, precisó Santana García.

El evento formativo tuvo como escenario el Palacio de la Policía, en el que el director de esa institución, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, destacó el interés de fortalecer las capacidades técnicas de las áreas administrativas y financieras, que permitan identificar riesgos, optimizar procesos y garantizar que cada acción que se emprenda vaya acorde con los más altos estándares de integridad.

“Quiero expresar mi más sincero agradecimiento al licenciado Félix Santana García por su invaluable apoyo y visión, su liderazgo ha sido un pilar fundamental que nos ha permitido avanzar en este ambicioso propósito de lograr un cumplimiento de un 100% en la implementación de las Normas Básicas de Control Interno (Nobaci). Nosotros queremos que la Policía sea un ejemplo de transparencia y de apego a la ley”, expresó.

El contralor Félix Santana García manifestó que los hallazgos y resultados de las auditorías que se realizan en la Policía Nacional y otras entidades militares y civiles son remitidos a la Cámara de Cuentas (CC), y si hay un hecho pecaminoso o doloso se remiten al Ministerio Público.

El funcionario indicó que los servidores públicos, como los agentes policiales, están en la obligación de actuar con ética, moral e integridad en el manejo correcto de los fondos del Estado, para fortalecer la transparencia que ha promovido el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona.

El curso fue impartido por facilitadores de la Escuela Nacional de Control Interno (ENCI) de la Contraloría, bajo la dirección de Luis Darío Terrero. “La escuela ahora es mucho más moderna, se ha transformado y cuenta con mejores tecnologías para transmitir los conocimientos de los diferentes talleres que se imparten”, afirmó Santana García.

La capacitación incluyó temas sobre las funciones y atribuciones de la Contraloría, las diferencias claves entre auditoría interna y auditoría externa, las metodologías para la recopilación de evidencias suficientes y competentes, técnicas de muestreo y entrevistas, análisis de casos prácticos y hallazgos comunes, entre otros.

También, abarcó la importancia de la función de seguimiento para garantizar la implementación de las acciones correctivas; identificación de las mejores prácticas que han surgido de la experiencia y estrategias efectivas para superar obstáculos y asegurar el cumplimiento.

Por la Contraloría, asistieron los directores Luis Darío Terrero, de la ENCI; Rubén Darío Estrella, de Revisión y Control de la Calidad, y Genaro Jiménez Nássar, del Departamento de Contrato, entre otras personalidades.

La Policía Nacional informó que este martes se entregó a las autoridades Óscar Alberto Féliz Marte (a) “Barba Negra”, señalado como uno de los presuntos autores del hecho ocurrido el pasado lunes en el sector Libertador de Herrera, donde tres hombres perdieron la vida y otro resultó herido por impactos de bala.

La entrega se produjo alrededor del mediodía en las instalaciones de un programa de televisión local, donde agentes de la División de Homicidios recibieron a “Barba Negra” de manos de un representante de los Derechos Humanos. Contra él pesaba la orden de arresto No. 2025-AJ0058499. El detenido fue puesto de inmediato bajo control del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

En relación con este caso, la institución recordó que también fue apresado Óscar Enrique Ortega, a quien se le ocupó un arma de fuego portada de manera ilegal. Permanece prófugo un tercer implicado, identificado únicamente como “Migue”, cuya búsqueda continúa activa por parte de los equipos investigativos.

El hecho violento, ocurrido en la calle Libertador de Herrera, dejó como saldo los fallecimientos de José Eduardo Ciprián Lebrón (a) “Chuki”, de 35 años; Luis Javier Santana Asencio, de 38; y José Antonio Ovalles Martínez (a) “Toni Papeleta”, de 47, mientras que José Adonis Pérez García resultó herido y continúa ingresado en un centro de salud.

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Como resultado de una de las líneas de investigación seguida en la Operación Antipulpo, el Ministerio Público obtuvo de un tribunal la homologación de un acuerdo, amparado en el criterio de oportunidad establecido en el marco jurídico, mediante el cual Maxy Gerardo Montilla Sierra y un grupo de sus empresas aceptan su responsabilidad penal y autorizan el decomiso de RD$2,000 millones en efectivo a favor del Estado dominicano.
El acuerdo fue presentado al tribunal por el Ministerio Público a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, y Mirna Ortiz, de la Pepca, valoraron la resolución del tribunal e indicaron que esta decisión viene a reforzar los avances del Ministerio Público en su lucha contra la corrupción administrativa y la impunidad que impulsa la actual procuradora general, Yeni Berenice Reynoso.
La decisión lleva a Montilla a pagar una indemnización de RD$600 millones a las Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste), Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur) y Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), en resarcimiento a los perjuicios provocados por sus acciones.
También, deberá disolver las empresas Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S., Electrocable Aluconsa, S.A.S., NSD, Importaciones Diversas, SRL; Distribuidora de Materiales Eléctrico FEE, SRL; Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, SRL; Importadora Eaglerise, SRL; TLC Negocios Globale, SRL; Watmax Lighting, SRL; Herrajes Eléctricos RPC, SRL, y MG Solomon Corporation en un plazo de dos años.
Asimismo, tendrá que pagar a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) la suma de RD$431,816,307.90.
Además, autoriza el decomiso de una porción de terreno con una superficie de 200.18 metros cuadrados, dentro de la parcela núm. 5-C-Prov.- 85, del Distrito Catastral núm. 3, del Distrito Nacional, ubicado en la Avenida Roberto Pastoriza núm. 2, casi esquina avenida Ortega y Gasset, del Ensanche Naco, valorado en RD$50,901,692.13.
En el acuerdo, homologado por el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, las empresas distribuidoras se hicieron representar por Celso Marranzini, quien funge como presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras (CUE).
Montilla Sierra y sus empresas, en cambio, son asistidos legalmente por Miguel E. Valerio Jiminián, Ramón Emilio Núñez y José Figueroa Guilamo.
El Ministerio Público establece en el documento que Montilla Sierra, investigado en el proceso contra Juan Alexis Medina Sánchez y compartes, utilizó las empresas como como vehículo societario para participar en los procesos de contratación pública de forma fraudulenta y en violación a las normativas que regulan las contrataciones del Estado dominicano, “logrando con ello adjudicaciones de forma ilícita en perjuicio del patrimonio público”.
Señala que durante el tiempo que lo hizo gozó de privilegio y acceso a informaciones privilegiadas.
Recuerda además que los actos de corrupción impactaron empresas que operan con deficiencia funcional y operativa en el servicio fundamental que deben prestar al país.
Esta situación obedeció, en gran medida, a pérdidas derivadas de prácticas de competición y de un manejo fraudulento por parte de funcionarios públicos y contratistas, dice.
Explica que Montilla Sierra muestra un incremento significativo en las contrataciones
públicas adjudicadas a sus empresas.
“Desde ese momento, varios miembros de su entorno familiar y de confianza, tanto de manera directa como indirecta, aumentaron de forma sustancial su presencia e influencia en los procesos de compras y contrataciones del Estado, especialmente en áreas estratégicas como la energética, utilizando como plataforma la cercanía con el poder político.
Indica que al suplir al Estado incurrió en un monopolio de proveedores en el sector eléctrico que, además, operó con información privilegiada.
Asimismo, manipuló los plazos de entrega e incurrió en estafa al Estado.
“A los fines de obtener ventajas en los procesos, se realizaron pagos de sobornos a funcionarios públicos responsables de las compras y contrataciones en el sector eléctrico. Estos pagos buscaban influir en decisiones administrativas, facilitar modificaciones contractuales irregulares y agilizar desembolsos”, indica el acuerdo homologado.
El Ministerio Público impulsó el acuerdo en base al numeral 6, del artículo 370, del Código Procesal Penal, el cual establece la procedencia del Criterio de Oportunidad cuando el caso refine las condiciones para ser declarado complejo, tal como ocurrió en la investigación de la Operación Antipulpo.
“Esta disposición faculta al Ministerio Público a solicitar la aplicación de dicho criterio cuando el imputado colabore eficazmente con la investigación, aporte información que permita evitar la continuación de la actividad delictiva o la comisión de nuevas infracciones, contribuya al esclarecimiento de los hechos investigados o proporcione datos relevantes, siempre que la acción penal que se pretende excluir sea considerablemente menos grave que los hechos punibles cuya reiteración se evita”, dice el documento.

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader anunció este martes la adquisición de los terrenos del Hotel Santo Domingo para la construcción del Centro de Convenciones y Exposiciones de Santo Domingo, el cual cambiará el modelo turístico en la capital.

Asimismo, la nueva obra traerá oportunidades económicas, comerciales y de empleos para todos los dominicanos.

Al pronunciar las palabras centrales del acto, el presidente Abinader manifestó que no le cabe ninguna duda de que tanto el proyecto de construcción como la puesta en operación del centro de convenciones serán de gran éxito.

«Este éxito no será solamente para la ciudad de Santo Domingo, donde van a tener los efectos inmediatos, sino también para todo el país», aseguró el mandatario.

Del mismo modo, el jefe de Estado felicitó al ministro de Turismo, David Collado, y a la Asociación de Hoteles de Santo Domingo, y así se expresó: «estamos seguros de que este será un gran proyecto a favor de Santo Domingo y todo el país».

David Collado

De su lado, el ministro de Turismo, David Collado señaló que el nuevo centro de convenciones marcará un hito en la historia de éxito del turismo en el país. 

Collado señaló los logros históricos en la industria turística de República Dominicana y aseguró que seguiremos avanzando con esta obra a favor de todo el país.

Destacó que la marca de República Dominicana brilla en el mundo y está de moda, al tiempo de afirmar que la colaboración y el trabajo conjunto han sido clave para alcanzar este éxito.

La construcción se realizará con la asesoría de la Institución Ferial de Madrid (IFEMA), la cual es un consorcio que organiza ferias, salones y congresos responsable de la Feria Internacional de Turismo (Fitur).

Reacciones al anuncio del centro de convenciones

Juan “Papo” Bancalari, presidente de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (Asonahores), expresó su entusiasmo por el proyecto, afirmando que “era una añoranza» y felicitó al Gobierno en nombre del sector turístico, destacando que el centro de convenciones cambiará el modelo turístico del país.

Por su parte, Daniel Martínez, vicepresidente ejecutivo de IFEMA, destacó la importancia del proyecto, señalando que traerá enormes beneficios en términos de empleos y crecimiento económico, y expresó su satisfacción por formar parte de este proyecto.

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader, mediante el Decreto núm. 498-25, designó a Catalino Correa Hiciano como gerente general del Banco de Desarrollo y Exportaciones (Bandex). 

Formación de Correa Hiciano 

Correa Hiciano tiene una sólida formación académica. Es contador público autorizado, graduado de la Universidad Organización y Método (O&M), con una maestría en Contabilidad Tributaria en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y una maestría en Administración de Negocios, con concentración en Operaciones (MBA), de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Asimismo, se ha especializado en la prevención del fraude fiscal y el blanqueo de capitales en la Universidad de Castilla-La Mancha, en España.

Cuenta además con una vasta experiencia profesional, tanto en el sector público como en el privado. Ha desempeñado diversos roles importantes, entre ellos: contador en la Secretaría de Salud Pública; auditor externo en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII); tesorero nacional, donde gestionó las finanzas del país asegurando la correcta administración de los fondos públicos, y contralor general de la República Dominicana, responsable de la fiscalización interna y la evaluación del manejo de los recursos públicos.

Del mismo modo, fue director general de la Administradora de Subsidios Sociales (Adess), donde lideró la transformación tecnológica y fortaleció los procesos de distribución de subsidios sociales para las personas más necesitadas.

Santo Domingo, 1 sep (EFE).- República Dominicana ha deportado a 250.741 haitianos en condición migratoria irregular en lo que va de año, según cifras divulgadas este lunes por la Dirección General de Migración (DGM).

El organismo refirió en un documento que en agosto fueron repatriados a Haití 35.276 ciudadanos de ese país, dando continuidad a la política de deportación «masiva» que el Gobierno dominicano comenzó en octubre del año pasado.

Las repatriaciones son realizadas luego de un trato individual en los centros de procesamiento que la DGM tiene en diferentes demarcaciones territoriales y donde a cada persona se le toman los datos biométricos y huellas dactilares, además de que se investiga el real estatus y la condición de cada uno.

Migración indicó que los haitianos indocumentados son entregados directamente a las autoridades de su país, por los cuatro puntos fronterizos oficiales que existen entre los dos países.

Las estadísticas de la DGM muestran que las deportaciones de agosto constituyen la cantidad más alta procesada en un mes durante este año.

En ese orden, aseguró que en enero fueron deportados 31.221 ciudadanos haitianos; en febrero 26.659; en marzo 28.534, en abril 32.540; en mayo 34.290; en junio 30.759, y en julio 31.462.

Las detenciones de esos extranjeros indocumentados marcan una trayectoria en crecimiento sostenido que demuestra la eficacia de los operativos ejecutados por la DGM, cumpliendo la disposición expresa del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional y del presidente dominicano, Luis Abinader, para enfrentar la migración irregular y garantizar la integridad y soberanía dominicana ante la crisis socio-política que padece Haití.

La política de repatriación que ejecuta República Dominicana ha sido criticada por organismos como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), debido al aumento de casos de personas vulnerables, incluyendo embarazadas, madres lactantes y niños, que son devueltas a una situación humanitaria cada vez más precaria en Haití, que atraviesa una grave crisis de seguridad y precariedad en todos los órdenes.

Amnistía Internacional (AI) ha señalado que las políticas migratorias en República Dominicana están arraigadas en el racismo, resultando en perfilamiento racial y negación de servicios básicos como la salud, según un protocolo que condiciona la atención médica al estatus migratorio.

Asimismo, acusa al Estado dominicano de privar arbitrariamente de nacionalidad a decenas de miles de dominicanos de ascendencia haitiana, dejándolos en situación de apatridia. EFE