SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Acogiendo la solicitud del Ministerio Público, un tribunal condenó a cinco años de prisión al exponente de música urbana Steven Antonio Diloné Serrata (Dilon Baby) por violación sexual, pornografía infantil y explotación sexual y comercial a través de medios digitales en perjuicio de una adolescente.

Las fiscales litigantes Francheska Alcántara y Yudelka Acosta presentaron al tribunal diversas pruebas periciales, documentales y testimoniales con las cuales el Ministerio Público demostró la culpabilidad del acusado.

El condenado también deberá pagar diez salarios mínimos del sector público en favor del Estado dominicano, conforme a la sentencia del Tercer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste, integrado por los jueces Juan Pablo Ortiz Peguero, Clara Yoselin Rivera Franco y Sandra Josefina Cruz Rosario.

Como parte de la sentencia, el condenado deberá eliminar de la plataforma digital YouTube dos videos que contienen material explícito, incluyendo el uso de sustancias controladas y la explotación sexual y comercial de la adolescente.

El expediente de investigación, instrumentado por la fiscal Olivia Sosa, detalla que la víctima relató haber conocido al condenado a través de la red social Instagram y que la hizo convivir con él en el sector Herrera. La entonces menor de edad narró que el exponente urbano le impedía tener contacto con familiares y amigos, además de que le prohibió continuar sus estudios.

Diloné Serrata fue condenado por violación de los artículos 147, 309-1, 309-2 y 331 del Código Penal Dominicano, así como de los artículos 12, 18, 21, 22, 25, 26 y 396 (literales A, B y C), 408, 409, 410, 411 y 412 de la Ley 136-06, que crea el Código para el Sistema de Protección de los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, y de los artículos 4 y 24 de la Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

Diloné Serrata, de 22 años de edad, deberá cumplir la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, ubicado en San Cristóbal

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público sustentó con más de un centenar de pruebas la solicitud de prisión preventiva y arresto domiciliario contra Antonio y Maribel Espaillat, imputados de cometer homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias al poner en riesgo la vida de los empleados y el público que acudía al Jet Set Club, cuyo techo se desplomó la madrugada del pasado 8 de abril producto de sus múltiples inobservancias y violaciones a los controles técnicos, provocando la muerte de 235 personas y más 180 heridos.

El titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, procurador adjunto Wilson Camacho, resaltó que desde el primer momento en que se registró el lamentable hecho, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, dispuso todas las medidas necesarias para que se realizara una investigación seria que impidiera que haya impunidad en este caso.

“Desde el primer momento en que se registraron estos hechos la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, dispuso todo lo necesario para que realicemos un trabajo serio que asegurara que no haya impunidad en estos hechos que han generado un duelo colectivo en República Dominicana”, dijo Camacho, al ser abordado por periodistas en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Recordó que la muerte de 235 personas que dejan en la orfandad a decenas de niños y provocan dolor entre familiares y amigos, al tiempo que consterna a toda la población dominicana, es la consecuencia del comportamiento de los imputados Antonio y Maribel Espaillat, quienes “fueron negligentes, irresponsables y tuvieron un comportamiento que evidencia una muestra absoluta de desprecio a la vida humana”.

Dijo además que todo eso está contenido en la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público en este proceso y soportado en más de 130 medios de pruebas que dan fe de cada unas de las afirmaciones que ha realizado el órgano acusador.

“Esperamos, en consecuencia, que el tribunal acoja la solicitud presentada consistente en prisión preventiva para Antonio Espaillat y prisión domiciliaria para Maribel Espaillat”, sostuvo.

Definió la intimidación de testigos como un hecho corroborado en el proceso y un elemento que permite al tribunal verificar el peligro procesal de los imputados, lo cual robustece la postura del Ministerio Público para solicitar prisión preventiva y domiciliaria.

Sobre la calificación jurídica que ha presentado el Ministerio Público, indicó que contempla las acciones legales que han depositado las víctimas.

Al responder una pregunta alusiva al arraigo de los imputados, Camacho explicó que este caso dejó 235 fallecidos, más de 180 heridos y más de 130 niños huérfanos, niños que tenían antes del 8 de abril su vida asegurada y que ahora tienen un futuro incierto porque dos personas decidieron poner sus intereses económicos y personales por encima de la vida humana.

En la audiencia, el procurador adjunto Camacho estuvo acompañado por los fiscales Rosalba Ramos (titular del Distrito Nacional), Magalys Sánchez, Héctor García, Enmanuel Ramírez y Miguel Collado. El juez Rigoberto Sena, de la Atención Permanente, acogió una solicitud de los abogados para preparar su medio de defensa y aplazó el conocimiento de la medida de coerción para el próximo miércoles, a partir de  las 11:00 de la mañana.

En la instancia depositada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, el Ministerio Público solicita las medidas de coerción contra  los hermanos Antonio y Maribel Espaillat.

Como parte de los elementos que agravan la responsabilidad de los imputados, la investigación determinó que sobrecargaron la estructura del techo de la discoteca mediante la instalación de climatización de gran volumen, incluyendo seis aires acondicionados de 15 y 20 toneladas cada uno, y tinacos de agua, todo ello sin realizar ningún estudio que garantizara la capacidad de la estructura para soportar dicho peso.

Los fiscales establecieron que Antonio y Maribel Espaillat recurrieron a soluciones paliativas inadecuadas, siempre con la intención de ahorrar recursos, a pesar de tener conocimiento directo y constante de los problemas graves del techo, mediante reportes visuales, fotografías, videos y comunicaciones de sus propios empleados. A pesar de advertencias explícitas sobre la caída de escombros y el peligro inminente, optaron por ignorarlas deliberadamente.

Además, la imputada Maribel Espaillat, aun sabiendo del desprendimiento de escombros horas antes del colapso y ante la petición de suspender la actividad, se negó a detener la fiesta, alegando la ausencia de Antonio Espaillat y la imposibilidad de cancelar, priorizando el beneficio económico sobre la seguridad y la vida de las personas.

El Ministerio Público resaltó que la cadena de acciones y omisiones de los imputados, incluyendo la falta de permisos, modificaciones estructurales sin base técnica, sobrecarga del techo, reparaciones deficientes y desatención a las advertencias de peligro, evidencia un patrón sistemático de irresponsabilidad y negligencia que desembocó en los lamentables hechos de la madrugada del pasado 8 de abril.

Los peritajes técnicos confirmaron fallas estructurales críticas, como la ausencia de una columna esencial, anclajes deficientes de vigas y la falta de muros de mampostería de soporte, fallas directamente atribuibles a la gestión de la discoteca.

El órgano acusador planteó que los hechos ocurridos en el Jet Set eran totalmente evitables si los imputados hubiesen actuado conforme a derecho y valorado la vida por encima del dinero.

Las investigaciones del Ministerio Público sobre las causas del colapso del techo del Jet Set Club, propiedad de la entidad comercial Inversiones E y L SRL y administrado por los hermanos Antonio y Maribel Espaillat López, determinaron que estos llevaban a cabo una operación comercial negligente que ponía en riesgo la vida de cientos de personas.

Los fiscales imputan que durante años el Jet Set Club “operó con una sistemática y grave negligencia en el mantenimiento y adecuación estructural de sus instalaciones, poniendo en riesgo la vida de sus clientes y empleados”.

Ambos imputados además, inobservaron de manera deliberada las normativas de construcción y uso de suelo. Como principales gestores, permitieron y gestionaron la realización de importantes remodelaciones, adecuaciones y ampliaciones en la estructura del Jet Set Club “sin obtener los permisos requeridos ni realizar las evaluaciones estructurales necesarias por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) o la Alcaldía del Distrito Nacional”.

Estas remodelaciones incluyeron la instalación de un escenario, sistemas de iluminación, bares, y zonas VIP, “demostrando una inobservancia total por las leyes de construcción y seguridad”, añaden los fiscales.

Los imputados alteraron de manera significativa la estructura de la discoteca sin supervisión técnica. “La discoteca, originalmente un cine, sufrió un cambio de uso que implicó una adaptación estructural inadecuada”, indican los fiscales.

“Posteriormente, se eliminó una columna clave en la estructura, afectando significativamente la estabilidad del techo, sin ninguna evaluación profesional o permiso que respaldara dicha modificación, evidenciando una conducta de alto riesgo”, señalan.

Además, que los responsables del Jet Set cargaron el techo de la discoteca de manera excesiva y progresiva, con múltiples elementos de gran peso, como casetas técnicas, ductos, unidades de climatización de gran volumen (incluyendo seis aires acondicionados de 15 y 20 toneladas cada uno) y tinacos de agua. Todo esto, “sin realizar ningún estudio que garantizara la capacidad de la estructura para soportar dicho peso”.

Los imputados apelaron a soluciones paliativas inadecuadas solo en interés de ahorrar recursos y siempre  tuvieron conocimiento pleno de los problemas del techo. Antonio Espaillat y Maribel Espaillat tuvieron conocimiento directo y constante de los graves problemas que presentaba el techo, “a través de reportes visuales (fotos y videos) y comunicaciones de sus propios empleados. A pesar de estas advertencias explícitas sobre la caída de escombros y el peligro inminente, optaron por ignorarlas”.

Los fiscales establecieron que los ejecutivos de la discoteca subordinaron la seguridad de empleados y clientes a la operación comercial.

“La imputada Maribel Espaillat, con conocimiento de un incidente de caída de escombros horas antes del desplome y ante la petición de suspender la actividad, se negó a hacerlo, alegando la ausencia del imputado Antonio Espaillat López y la imposibilidad de detener la fiesta, priorizando el beneficio económico sobre la seguridad y la vida de las personas”, dicen.

“La cadena de acciones y omisiones de los imputados, incluyendo la falta de permisos, las modificaciones estructurales sin base técnica, la sobrecarga del techo, las ´reparaciones´ deficientes y la desatención a las advertencias de peligro, demuestra un patrón sistemático de irresponsabilidad y negligencia que causó 235 muertes y más de 180 heridos”, señala el Ministerio Público.

Indica que los peritajes técnicos han confirmado hallazgos críticos como la ausencia de una columna esencial, el anclaje deficiente de vigas y la ausencia de muros de mampostería de soporte, que validan las fallas estructurales directamente atribuibles a las acciones y omisiones de la gestión de la discoteca.

El Ministerio Público plantea que recabó evidencias contundentes que demuestran que los hechos del pasado 8 de abril “eran totalmente evitables si los imputados hubiesen actuado conforme a derecho y si hubiesen valorado  la vida por encima del dinero”.

Además, que los imputados intimidaron a testigos del proceso “con el objetivo de evitar que aportaran pruebas del proceso que comprometen su responsabilidad penal”.

Para esta investigación el Ministerio Público designó a los peritos Leonardo de Jesús Reyes Madera (ingeniero sismorresistente), Eduardo A. Fierro (presidente de la BFP Engineers) y Máximo José Corominas Quezada (ingeniero patólogo).

Como consecuencia del colapso del techo de Jet Set, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva para Antonio Espaillat y arresto domiciliario para Maribel Espaillat, en la instancia de medidas de coerción que depositó ante los tribunales, por la presunta responsabilidad penal de ambos imputados en el incidente ocurrido la noche del pasado 8 de abril, que provocó la muerte de 235 personas y dejó a más de 180 heridas.»

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público pidió prisión preventiva para Antonio Espaillat y arresto domiciliario para Maribel Espaillat en la solicitud de medidas de coerción que depositó ante los tribunales por la responsabilidad penal de ambos imputados en el colapso del techo de la discoteca que, la noche del pasado 8 de abril, provocó la muerte de 235 personas y dejó más 180 heridos.

Un equipo integrado por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, y por la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, e integrado por ⁠Héctor García, ⁠Magalys Sánchez, Enamuel Ramírez, ⁠Rosa Ysabel Mejía, ⁠Miguel Collado y Vladimir Viloria firma el documento depositado ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.

El Ministerio Público establece que los imputados violaron los tipos penales contemplados y sancionados en los artículos 319 y 320 del Código Penal Dominicano, los cuales castigan el homicidio involuntario, así como golpes y heridas involuntarias.

El desplome del techo del Jet Set se produjo la noche del 8 de abril de este 2025 en el momento en que el cantante Rubby Pérez, quien también falleció, amenizaba una fiesta de merengue junto a su orquesta.

Tras la ocurrencia del hecho en la discoteca ubicada en la plaza El Portal, del Kilómetro 6 de la avenida Independencia, en el Distrito Nacional, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, se presentó al lugar e instruyó a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público para disponer medidas tendentes a desarrollar las investigaciones, incluyendo la protección de la escena y escombros para realizar el peritaje de lugar.

Una vez se terminaron las labores de rescate, el Ministerio Público procedió a preservar los escombros para los fines del peritaje técnico.

En cumplimiento de esa disposición, el director del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), general retirado Juan Manuel Méndez García, una vez terminada las labores de rescate de sobrevivientes y de recuperación de cuerpos de los fallecidos, procedió a entregar la escena al Ministerio Público.

Como parte de la investigación, el equipo del Ministerio Público designó a los peritos Leonardo de Jesús Reyes Madera (ingeniero sismorresistente), Eduardo A. Fierro (presidente de la BFP Engineers) y Máximo José Corominas Quezada (ingeniero patólogo), para que realizaran el estudio técnico sobre las causas del colapso del techo de la edificación del Jet Set Club, propiedad de la entidad comercial Inversiones E y L SRL y regenteado por los hermanos Antonio y Maribel Espaillat López.

Las investigaciones del Ministerio Público determinaron que los hermanos Espaillat López realizaban una operación comercial negligente que ponía en riesgo a cientos de vida.

Los fiscales imputan que durante años el Jet Set Club “operó con una sistemática y grave negligencia en el mantenimiento y adecuación estructural de sus instalaciones, poniendo en riesgo la vida de sus clientes y empleados”.

Ambos imputados además, inobservaron de manera deliberada las normativas de construcción y uso de suelo. Como principales gestores, permitieron y gestionaron la realización de importantes remodelaciones, adecuaciones y ampliaciones en la estructura del Jet Set Club “sin obtener los permisos requeridos ni realizar las evaluaciones estructurales necesarias por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) o la Alcaldía del Distrito Nacional”.

Estas remodelaciones incluyeron la instalación de un escenario, sistemas de iluminación, bares, y zonas VIP, “demostrando una inobservancia total por las leyes de construcción y seguridad”, añaden los fiscales.

Los imputados alteraron de manera significativa la estructura de la discoteca sin supervisión técnica. “La discoteca, originalmente un cine, sufrió un cambio de uso que implicó una adaptación estructural inadecuada”, indican los fiscales.

“Posteriormente, se eliminó una columna clave en la estructura, afectando significativamente la estabilidad del techo, sin ninguna evaluación profesional o permiso que respaldara dicha modificación, evidenciando una conducta de alto riesgo”, señalan.

Además, que los responsables del Jet Set cargaron el techo de la discoteca de manera excesiva y progresiva, con múltiples elementos de gran peso, como casetas técnicas, ductos, unidades de climatización de gran volumen (incluyendo seis aires acondicionados de 15 y 20 toneladas cada uno) y tinacos de agua. Todo esto, “sin realizar ningún estudio que garantizara la capacidad de la estructura para soportar dicho peso”.

Los imputados apelaron a soluciones paliativas inadecuadas solo en interés de ahorrar recursos y siempre  tuvieron conocimiento pleno de los problemas del techo. Antonio Espaillat y Maribel Espaillat tuvieron conocimiento directo y constante de los graves problemas que presentaba el techo, “a través de reportes visuales (fotos y videos) y comunicaciones de sus propios empleados. A pesar de estas advertencias explícitas sobre la caída de escombros y el peligro inminente, optaron por ignorarlas”.

Los fiscales establecieron que los ejecutivos de la discoteca subordinaron la seguridad de empleados y clientes a la operación comercial.

“La imputada Maribel Espaillat, con conocimiento de un incidente de caída de escombros horas antes del desplome y ante la petición de suspender la actividad, se negó a hacerlo, alegando la ausencia del imputado Antonio Espaillat López y la imposibilidad de detener la fiesta, priorizando el beneficio económico sobre la seguridad y la vida de las personas”, dicen.

“La cadena de acciones y omisiones de los imputados, incluyendo la falta de permisos, las modificaciones estructurales sin base técnica, la sobrecarga del techo, las ´reparaciones´ deficientes y la desatención a las advertencias de peligro, demuestra un patrón sistemático de irresponsabilidad y negligencia que causó 235 muertes y más de 180 heridos”, señala el Ministerio Público.

Indica que los peritajes técnicos han confirmado hallazgos críticos como la ausencia de una columna esencial, el anclaje deficiente de vigas y la ausencia de muros de mampostería de soporte, que validan las fallas estructurales directamente atribuibles a las acciones y omisiones de la gestión de la discoteca.

El Ministerio Público plantea que recabó evidencias contundentes que demuestran que los hechos del pasado 8 de abril “eran totalmente evitables si los imputados hubiesen actuado conforme a derecho y si hubiesen valorado  la vida por encima del dinero”.

Además, que los imputados intimidaron a testigos del proceso “con el objetivo de evitar que aportaran pruebas del proceso que comprometen su responsabilidad penal”.

La Policía Nacional, a través de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) y la Subdirección Regional de Investigación en San Cristóbal, busca de forma activa a tres presuntos delincuentes señalados como presuntos responsables de ultimar, con armas de fuego, a dos hombres y de herir a otro en un hecho ocurrido el 8 de junio de 2025 en el sector Ingenio Nuevo de la provincia San Cristóbal.

Se trata de Luis Carlos Paredes Pujol (a) “Yiyito”, junto a otros dos hombres conocidos como “Lindo” y “Brandy”.

De acuerdo con la orden de arresto No. 01541-2025-AJOR-01549, están siendo buscados en virtud de lo dispuesto en el artículo 295 del Código Penal dominicano, por el homicidio a causa de herida de arma de fuego, a Adrián Cordero Ramírez (a) “Guatimba” y Juan Daniel Castillo Ramón (a) “Fili”, así como de haber causado herida del mismo tipo a Manuel Valdez Cabral (a) “Emilio”.

La Policía Nacional solicita la colaboración de cualquier ciudadano que pueda proporcionar información sobre el paradero de los prófugos. Pueden comunicarse de forma confidencial a los teléfonos 829-901-7455, 809-682-2151, (809) 613-1709, 809-522-2222, 809-528-3544, 809-914-3103 y 849-850-2102, así como a las extensiones 2456, 2453, 2442, 2439, 2170, 2437 y 2435.