El equipo femenino de hockey de Estados Unidos rechazó este lunes la invitación del presidente Donald Trump a asistir a su discurso sobre el estado de la Unión en Washington, después de que el mandatario bromeara con el equipo masculino diciendo que sería destituido si no las invitaba.
En un comunicado enviado a NBC News, el equipo afirmó que, aunque agradecen «sinceramente la invitación extendida», después de que ganaran la medalla de oro el pasado jueves en los Juegos Olímpicos de invierno, «debido al calendario y a los compromisos académicos y profesionales previamente programados, las atletas no pueden participar».
El domingo, Trump invitó al equipo masculino al evento después de que también ganaran la medalla de oro. «Debo decirles que tendremos que traer al equipo femenino, ya lo saben», dijo el mandatario bromeando durante una llamada telefónica con el equipo, añadiendo que si no lo hiciera «probablemente me destituirían».
La mandataria confesó que, por el bien del país, le ha tocado sentarse «con los verdugos» que violentaron la soberanía venezolana.
En opinión de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, el «odio» de un sector político y económico hacia otra gran parte de la población venezolana, así como la incapacidad del país suramericano para gestionar eficazmente sus tensiones, acabaron siendo las condiciones que posibilitaron la agresión militar estadounidense del pasado 3 de enero.
«Ha sido tal el odio de una clase de este país –de una clase económica y política– contra sectores de venezolanos y venezolanas, que llegaron a pedir intervención extranjera. Lo que no se pudo resolver en la política nacional, lo pidieron con misiles, con bombas […]. Lo que no pudo resolver la política, se lo pidieron a una potencia militar, nuclear, de este hemisferio, que lo viniera a resolver en el país», sostuvo la mandataria este lunes en el Palacio de Miraflores durante una reunión con víctimas de la violencia política.
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Rodríguez, cuyo padre fue torturado décadas atrás hasta la muerte por organismos policiales del Estado venezolano, relató que cuando le tocó asumir la presidencia encargada, en medio de una » situación tan compleja e inédita, derivada de la agresión externa, militar, del 3 de enero», lo primero que pensó fue en activar un programa de convivencia democrática por la paz, al caer en cuenta de que había sido el «odio», expresado en distintas formas de intolerancia y de desconocimiento de la alteridad, el causante último de la tragedia.
«De allí, dije: ‘Venezuela necesita sanar, porque esto nos ha llevado muy lejos’. Nos ha llevado a que se sembraran en el exterior, con poderes mediáticos […], falsedades y mentiras peligrosas sobre Venezuela, que buscasen justificar la intervención de nuestro país y [que se diera] una situación extremista en el ámbito del derecho internacional, completamente disminuido y socavado, que fue el secuestro del presidente [Nicolás] Maduro y de la primera dama de Venezuela, [Cilia Flores]», refirió.
Cara a cara frente a «los verdugos»
Confesó asimismo que, en su condición de víctima de crímenes contra los derechos humanos, tuvo ya antes que sentarse «cara a cara […] con los verdugos» que le arrebataron la vida a su padre. En su día, consideró que lo hacía por su país y ese enfoque le ha permitido ahora sentarse en pie de igualdad con quienes violentaron la soberanía venezolana en enero pasado.
Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, junto a víctimas de la violencia política. Caracas, 23 de febrero de 2026.Prensa Presidencial de Venezuela
«Me ha tocado sentarme con los verdugos de nuestros héroes y heroínas del 3 de enero. Lo he hecho por Venezuela y lo estamos haciendo por Venezuela. Lo estamos haciendo por el pueblo venezolano, por nuestros jóvenes», sostuvo.
A ese respecto, reiteró que será la diplomacia la que dirima las «diferencias geopolíticas» de Caracas con los «poderes imperiales del mundo». «Y será de la cooperación económica y comercial donde nosotros derivemos las grandes riquezas y potencialidades materiales que tiene nuestro país», recalcó.
«Hay deficiencia de justicia para las víctimas»
La dignataria admitió que el Estado venezolano no siempre ha actuado con presteza, contundencia y justicia en aplicar sanciones a los trasgresores, situación que atribuyó al asedio sostenido al que han estado sometidas sus altas autoridades desde hace más de una década.
«Hay que decirlo: hay deficiencia de justicia para las víctimas«, reconoció, para luego apuntar que las medidas de reparación incluyen no solo la reciente sanción y aplicación expedita de la Ley de Amnistía, sino la articulación de mecanismos restaurativos a otros sectores vulnerados, como campesinos, trabajadores o inquilinos, a través del Programa de Convivencia Democrática y la Comisión para la Revolución Judicial.
«El Estado venezolano ha estado bajo tal nivel de tribulación, de agresión y de amenaza, que sus poderes y sus facultades como Estado […] también han sido permeados. Y, por eso, pido una nueva Justicia para todos, para toda Venezuela», arguyó.
Persisten planes para atentar contra la paz
La mandataria socialista comentó que está al corriente de que «algunos sectores no le están dando lectura correcta a lo que está ocurriendo en el país, que lo están midiendo […] desde una derrota político-partidista», cuando en realidad «el 3 de enero perdió Venezuela» y «no hubo ganador» en la nación bolivariana.
Esas personas, afirmó, «ya tienen planes» para atentar contra la paz y la reconciliación nacional, cosa que ella ha prometido mostrar al país «en su debida oportunidad». «Para que se sepa quiénes, desde un lujoso hotel en EE.UU. o en Europa, pretenden descarrilar este proceso, pretenden perturbar el camino de la tranquilidad y la paz en Venezuela. Y que sea el pueblo venezolano quien juzgue, quien diga lo que tenemos que hacer. Porque ¡ya basta! Ahí sí digo: ‘No repetición’; ahí sí llamo a una justicia genuina y verdadera», concluyó.
San Juan, 23 feb (Prensa Latina) La gobernadora Jenniffer González quedó revocada hoy por una jueza tras prohibir la entrada a ruedas de prensa a aquellos periodistas que no están acreditados por el Departamento de Estado de Puerto Rico.
La jueza superior Iris Cancio González emitió su decisión ante una demanda del Centro de Periodismo Investigativo (CPI), tras negársele la entrada en La Fortaleza, sede del ejecutivo, a dos de sus reporteros que se proponían cubrir una conferencia de la mandataria puertorriqueña.
La Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) se unió a la demanda del CPI, por entender que con el proceder de la gobernante se restringe el acceso a la información pública.
El Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico determinó que la certificación del Departamento de Estado no constituye un método válido para determinar el acceso de los periodistas a una conferencia de prensa de la gobernadora González o de algún funcionario de La Fortaleza.
“No hay duda de que esta actuación de los demandados coarta e incide sustancialmente sobre la función periodística de los demandantes al denegarles acceso total a las conferencias de prensa semanales que se llevan a cabo en La Fortaleza”, estableció la jueza Cancio González en su sentencia.
Consideró, además, que el hecho de denegar el acceso total impide que estos periodistas puedan acceder a información pública esencial.
“Definitivamente, el derecho a la libertad de prensa de los demandantes se está coartando al denegarles el acceso a información gubernamental valiosa, sobre la cual puedan publicar o transmitir”, abundó la magistrada.
Para Cancio González tal restricción impuesta de requerir la certificación de prensa, cuyo acto excede el poder delegado por ley, violenta el derecho de los demandantes a la libertad de prensa.
Históricamente, los periodistas tienen acceso a las ruedas de prensa en La Fortaleza con sus credenciales del medio que representan, hasta que en enero de 2025 la actual mandataria impuso esta norma.
De hecho, el propósito de la identificación del Departamento de Estado estaba dirigida a validar al reportero que deseaba sacar una tablilla especial de prensa para su vehículo, lo que le permitía estacionar en áreas restringidas para cubrir un evento incidente particular.
La jueza Cancio González prohíbe a la gobernadora o a cualquier funcionario reclamar la credencial emitida por el Departamento de Estado para acceder a las conferencias de prensa “sean estas en La Fortaleza o en cualquier otro lugar”.
Santiago Rodríguez.-Un oficial civil fue hallado muerto, en su residencia en la provincia de San Ignacio de Sabaneta, provincia Santiago Rodríguez.
Juan Alexander Tejada Lantigua, de 54 años de edad, quien se desempeñaba como abogado y juez civil del municipio San Ignacio de Sabaneta.
El hallazgo se produjo tras familiares y allegados alertar a las autoridades al no tener noticias del magistrado durante varias horas.
Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles oficiales sobre la posible causa de la muerte, aunque una fuente informó que, al parecer no presentaba signos de violencia.
Al lugar se presentaron miembros de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias del fallecimiento.
La muerte del juez ha consternado a la comunidad jurídica y a los residentes de la zona.
SANTO DOMINGO.- Al demostrar el Ministerio Público la responsabilidad penal de un hombre que cometió abuso sexual contra una niña, un tribunal del distrito judicial de Hato Mayor lo condenó a 10 años de prisión.
Luis Alberto Marte Vilorio deberá cumplir la sentencia en la cárcel pública de El Seibo.
El Ministerio Público, representado en audiencia por el fiscal Wilson Santana, aportó en el juicio suficientes pruebas con las que demostró que procesado cometió los hechos en violación a varios artículos del Código Penal y el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03).
En el expediente el fiscal Daniel Robles Nivar estableció que los hechos ocurrieron en varias ocasiones en la vivienda donde residía la niña de 10 años de edad. El procesado tocaba a la víctima en diferentes partes del cuerpo.
El caso fue denunciado en horas de la mañana del día 30 del mes de diciembre del 2024 en el Centro Recepción de Denuncias de Hato Mayor. Posteriormente, se inició el proceso de investigación, estableciendo el Ministerio Público con pruebas testimoniales cómo ocurrieron los hechos.
El procesado Marte Vilorio fue arrestado el 25 de enero de 2025, mediante la orden judicial del Juzgado de la Instrucción de Hato Mayor núm. 2025-AJ0004481, de fecha 23 de enero de 2025, en el municipio de Sabana de la Mar, por agentes policiales.
El Tribunal Colegiado de Hato Mayor, integrado por los jueces Francisco Antonio Arias Sánchez (presidente), Haissel Uribe Reyes, y María Del Carmen García, dictaron la sentencia condenatoria tras acoger los medios de prueba aportados por el órgano acusador.
El Partido de la Liberación Dominicana, en ocasión de la rendición de cuentas del presidente ante el Congreso Nacional, este 27 de febrero, considera que el pueblo dominicano necesita respuestas precisas, verificables y responsables sobre los principales problemas que afectaron al país durante el 2025.
La organización política considera que la rendición de cuentas no puede limitarse a una exposición de cifras aisladas, sino que debe ser un ejercicio de transparencia, de responsabilidad política y de compromiso con la verdad.
En su acostumbrada rueda de prensa de los lunes, realizada en la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez, demanda del presidente respuestas a temas como corrupción y transparencia, caso SeNaSa, Intrant, contrataciones públicas y sus excepciones, fideicomisos públicos y el destino de los dineros del contrato con AERODOM
Los vicepresidentes del PLD Yván Lorenzo, Zoraima Cuello y Temístocles Montás de alternaron la vocería de la Rueda de Prensa en la que también participaron Carolina Wegmuller, secretaria de la Juventud y Luis Reyes secretario de Asuntos Económicos.
En relación al costo de la vida, la situación de los hogares y calidad institucional, punto enfocado por Cuello, el PLD indica, que más del 60% de los dominicanos y dominicanas percibe que su situación económica ha empeorado y cerca del 70% expresa preocupación por el futuro del país. En este momento, más del 80% de la población se queja de los precios de la canasta básica familiar y más del 50% muestra inconformidad por los ingresos bajos e inestables.
Por otra parte, exigen al presidente explicarle a la sociedad dominicana, por qué en 2025, la inversión pública rondó apenas 1.4% del PIB, mientras las transferencias al sector eléctrico superaron 1.6% del PIB. ¿Cómo justifica el Gobierno que se hayan destinado más recursos a cubrir pérdidas que a ampliar la infraestructura productiva del país?
Se evidencia que no existe un plan para mejorar el sector eléctrico, ya que en lugar de disminuir las pérdidas hasta llegar a un 15 % como lo establece el pacto eléctrico, estas se han incrementado en cerca de un 43 %.
Por otra parte, también resaltó que desde Pedernales hasta Higüey la gente se pregunta: ¿Por qué el gobierno gasta 10 mil 252 millones en publicidad cuando existen tantos problemas fundamentales sin resolver en el país? ¿Y cuáles son los criterios técnicos y administrativos para la distribución de esos fondos que se manejan de manera poco transparente?
Sobre el crecimiento económico, inversión y deuda, expuesto por Temístocles Montás el PLD solicita que el primer mandatario de la Nación se refiera al bajo crecimiento económico, la baja inversión pública y la deuda, apuntando que en el 2025 la economía creció apenas 2.1%.
Exigieron al presidente hablar con datos el próximo 27 de febrero, ya que el país enfrenta un contexto de desaceleración económica, presión sobre el costo de la vida, cuestionamientos sobre la calidad institucional y preocupación por la corrupción. “La ciudadanía merece claridad. Merece transparencia. Merece responsabilidad política”.
“En un contexto internacional cada vez más fragmentado, ¿cuál es la doctrina clara del Gobierno para proteger los intereses estratégicos de la República Dominicana?”, pregunta el PLD al presidente Abinader.
¿Cuál es el plan estructural para transformar el modelo de crecimiento hacia uno basado en productividad, inversión eficiente y diversificación exportadora?
El PLD y el pueblo dominicano esperan que el presidente responda estas preguntas, más allá de los acostumbrados anuncios vacíos, de obras inconclusas, de bienestar inexistente y de promesas incumplidas.
El presidente Luis Abinader encabezó este lunes la aprobación de la resolución 038-2026, que establece el SISMAP Seguridad Ciudadana como instrumento oficial para monitorear, evaluar y fortalecer el desempeño de las instituciones responsables de la seguridad en el país. El sistema se aplicará en todas las estaciones policiales y estará orientado a la mejora continua de la gestión pública.
La aprobación de la normativa se realizó durante una reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana en el Salón del Club de Oficiales del Palacio de la Policía Nacional, donde también se firmó el Acuerdo Interinstitucional para la implementación del sistema.
El acuerdo fue suscrito por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful; el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund Mena, y el director general de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz.
La resolución establece el SISMAP Seguridad Ciudadana (Sistema de Monitoreo de la Administración Pública para la Seguridad Ciudadana) como mecanismo oficial para el seguimiento, evaluación y gestión del desempeño institucional de las entidades responsables de la seguridad, con el objetivo de fortalecer la eficiencia operativa y la calidad del servicio a la población.
El sistema será aplicado en todas las estaciones policiales del país y en las instituciones que integran el sistema de seguridad ciudadana, bajo lineamientos de los órganos rectores. Su funcionamiento se fundamenta en principios de legalidad, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas, mejora continua, coordinación interinstitucional, profesionalización del personal, orientación al ciudadano y estandarización de procesos.
La normativa define las funciones de las instituciones responsables de su implementación. El Ministerio de Administración Pública actuará como órgano rector, encargado de diseñar y administrar la plataforma tecnológica, establecer normas y metodologías, coordinar la aplicación de indicadores, validar evidencias y emitir reportes de resultados.
Asimismo, el Ministerio de Interior y Policía supervisará las políticas de seguridad ciudadana, validará indicadores, facilitará la implementación del sistema en el territorio y coordinará procesos de mejora, mientras que la Policía Nacional ejecutará los lineamientos en las estaciones policiales, gestionará evidencias, designará responsables técnicos e implementará planes de mejora continua.
La información generada por el sistema será de carácter institucional y confidencial, sujeta a normas de protección de datos y uso legítimo. La implementación será progresiva y los resultados se utilizarán para fortalecer la gestión pública, la formulación de políticas y la toma de decisiones en materia de seguridad ciudadana, sin generar automáticamente sanciones administrativas.
En compañía del mandatario se encuentran el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; la Procuradora General de la República, Yeni Berenice Reynoso, vía Zoom; el comandante general de la Armada de República Dominicana, vicealmirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez; el director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester; el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa; el comisionado ejecutivo para la Reforma Policial, Luis Ernesto García Hernández, y los viceministros de la Presidencia para Proyectos Especiales y Coordinación de Seguridad, Roger G. Pujols y de Función Pública, Grey Peña.
También participaron el presidente del Consejo Nacional de Drogas, Alejandro de Jesús Abreu; el director de la Comisión Militar y Policial, coronel Luis Rafael Herrera Almonte; el director de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, general Pascual Cruz Méndez; el director de la Policía de Turismo, general Minoru Matsunaga; el director del Sistema Nacional de Atención a Emergencias 911, coronel piloto Randolfo Rijo; el subdirector general de la Policía Nacional y director central de Transformación Policial, general Juan H. Guzmán Badia, y el director de Asuntos Internos de la Policía Nacional, general Werner Núñez Quezada.
Además, asistieron el director de la Policía Escolar, general Francisco Osoria de la Cruz; el director de Prisiones, Roberto Santana, y el coronel paracaidista Osvaldo W. Montero Mena, en representación de la Fuerza Aérea.
En la reunión participan una comisión de fiscales integrada por la del Distrito Nacional, Rosalba Ramos; de San Cristóbal, Ramona Santana; de La Vega, Aura Luz García; de María Trinidad Sánchez, Juan Antonio Mateo Ciprián; de La Altagracia, Claudia Garrido; de San Pedro de Macorís, Suleyka Mateo, y de Duarte, Smaily Yamel Rodríguez.
También, los fiscales titulares de Santo Domingo Este, Milcíades Guzmán; de Santo Domingo Oeste, Eduard López; de Valverde, Víctor Mejía; de Hermanas Mirabal, Zoila Agustina Rodríguez Ynfante; de Barahona, Wellington Matos Espinal; de Peravia, Ángel Darío Tejeda Fabal; de Dajabón, Yeisin Alcántara; de Espaillat, Yorelbin Rivas, y de La Romana, Kevin Santana.
Como parte del fortalecimiento de las competencias en la investigación jurídica implementado por el Ministerio Público, fue impartido el taller “Metodología de la Investigación Jurídica” dirigido a analistas e investigadores que operan en la Fuerza de Tarea contra el crimen organizado, como unidad especial de la Dirección General de Persecución.
A través de este proceso formativo, realizado en el salón de reuniones del edificio que alberga las oficinas de la Fuerza de Tarea, los participantes lograron una mejor comprensión de la metodología científica aplicable al análisis normativo, doctrinal y jurisprudencial, a fin de estructurar disertaciones y decisiones fiscales con rigor lógico, coherencia argumentativa y fundamento técnico.
El taller fue impartido por la profesora Esther Veras, quien abordó los temas desde el reconocimiento de la prospección, la planificación, la erudición y la reflexión, hasta las condiciones formales de la investigación jurídica, especialmente la claridad, la precisión y el rigor en el lenguaje.
La catedrática, quien imparte docencia de grado y posgrado en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), en Santiago, hizo énfasis en su ponencia sobre la importancia de la aplicación de la investigación jurídica en la labor que desarrolla el fiscal en su rol como representante de Ministerio Público.
“La investigación jurídica es parte estructural del trabajo del fiscal, no una actividad académica ajena a la práctica”, afirmó Veras, egresada de la Escuela de Derecho de la PUCMM, con estudios superiores en las universidades París-II Panthéon-Assas y París-X Nanterre, en Francia.
En el encuentro, la profesora pudo interactuar con los analistas e investigadores resaltando las bondades de la metodología y la planificación estratégica en la labor que desempeñan en beneficio del país y contra las organizaciones criminales.
La profesora Esther Veras, es egresada de la carrera de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) en Santiago, República Dominicana (1993–1998). Posteriormente, realizó estudios superiores en París, Francia, donde obtuvo el Diploma Superior en Derecho Civil (1998–1999) y el Diploma Superior en Derecho Internacional Privado (2000–2001) en la Universidad París-II Panthéon-Assas.
Más adelante, cursó el Diploma de Estudios Profundizados (DEA) en Derecho Privado General (2001–2002) en la Universidad París-X Nanterre, con concentración en Derecho de las Relaciones Económicas.
En el ámbito académico, desde agosto de 2014 es Profesora de grado y posgrado en la PUCMM, donde imparte asignaturas como Derecho Internacional Público y Privado, Relaciones Internacionales, Derecho Comparado, Negociación Internacional y Cooperación e Integración Regional, además de Francés Jurídico. Desde febrero de 2023, también se desempeña como Asesora de Tesis en programas de maestría de la misma universidad.
El presidente Luis Abinader encabezó este lunes el acto solemne en conmemoración del Día de la Bandera Nacional, celebrado en las escalinatas del Palacio Nacional, reafirmando con su presencia el compromiso del Gobierno con la defensa de los símbolos patrios, la soberanía nacional y los valores fundacionales de la República Dominicana.
La ceremonia inició pasadas las 8:00 de la mañana con el izamiento de la bandera nacional y la interpretación del himno nacional, a cargo de la Banda de Música del Regimiento Guardia Presidencial, seguido de los honores militares correspondientes, incluyendo una salva de 21 cañonazos.
En el acto de homenaje a la enseña tricolor, el mandatario estuvo acompañado de la vicepresidenta Raquel Peña; de la primera dama, Raquel Arbaje; del ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, y la directora del Gabinete de Políticas Sociales, Geanilda Vásquez.
Con un discurso cargado de solemnidad histórica y fervor patriótico, el presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, Juan Pablo Uribe, resaltó el significado histórico y espiritual del pabellón tricolor como símbolo supremo de la dominicanidad.
“Es con el lienzo tricolor de los sueños inmortales de los trinitarios, cuya asta se ha forjado con el acero de la dominicanidad, hoy levantada por las manos laboriosas, incansables y honestas del jefe del Estado dominicano, ciudadano presidente Luis Abinader, que seguiremos y lo proclamamos con un juramento fuertemente renovado en esta hermosa mañana del Mes de la Patria que seguiremos cuidando nuestra soberanía”, proclamó Uribe.
Y agregó: “Seguiremos protegiendo nuestra integridad territorial, que seguiremos garantizando nuestra seguridad nacional, que seguiremos cuidando civil y militarmente nuestra frontera dominicana, que seguiremos preservando nuestra identidad, que será por siempre la dominicanidad, y seguiremos, seguiremos con los pasos firmes del patriotismo, por los caminos luminosos que nos enseñó Juan Pablo Duarte y todos los héroes y próceres que han forjado el orgullo patriótico nacional”.
Durante su intervención, Uribe expresó que se rinde un sentido homenaje a la bandera nacional y, en ella, a los símbolos supremos de la dominicanidad, desde el corazón de la memoria agradecida de un pueblo heroico que ha coronado con el laurel de la victoria sus luchas sociales, políticas y existenciales, en procura de los ideales de libertad, justicia y progreso material y espiritual.
Señaló que la ocasión solemne, bajo el sol tropical y en el marco de la ceremonia patriótica, es propicia para recordar el momento glorioso en que por primera vez seexpresó la voluntad poderosa de la historia dominicana con la concepción de la bandera: el juramento trinitario del 16 de julio de 1838, acontecimiento que, seis años después, alcanzó su estatura histórica con la proclamación de la Independencia Nacional el 27 de febrero de 1844.
Al evocar el juramento trinitario, recordó las palabras que comprometían a cooperar con persona, vida y bienes a la separación definitiva del gobierno haitiano y a implantar una República libre, soberana e independiente de toda dominación extranjera, que se denominaría República Dominicana, con su pabellón tricolor en cuartos encarnados y azules, atravesado por una cruz blanca, bajo el lema Dios, Patria y Libertad.
El presidente de Efemérides Patrias destacó que esos ideales, proclamados ante Dios y ante el mundo, siguen siendo el fundamento moral e histórico de la nación dominicana y la guía permanente para las presentes y futuras generaciones.
Uribe concluyó su discurso expresando: “¡Que viva, que viva la bandera dominicana! ¡Que viva la República Dominicana, en Dios, Patria y Libertad!”.
También, acompañaron al presidente Abinader los viceministros de Defensa para Asuntos Militares, Miguel Ángel Rubio Báez; para Asuntos Aéreos y Espaciales, mayor general técnico de Aviación Carlos Ramón Febrillet Rodríguez; para Asuntos Navales y Costeros, vicealmirante Alberto Agustín Morillo Rodríguez, y el inspector general de las Fuerzas Armadas, mayor general Delio Buenaventura Colón Rosario.
Además, el comandante del Ejército de la República Dominicana, mayor general Jorge Iván Camino Pérez; de la Armada de República Dominicana, vicealmirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez; de la Fuerza Aérea de República Dominicana, mayor general piloto Floreal Suárez Martínez, y el director de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz.
Carmen Herrera insta a la familia a jugar su rol de protección.
Santo Domingo.– La experta en asuntos migratorios y Derecho de Familia, Dra. Carmen Herrera, advirtió que la sociedad dominicana debe actuar con responsabilidad y firmeza para frenar la propagación del fenómeno conocido como “Therian”, al considerar que su avance podría generar consecuencias negativas en la estabilidad emocional de los jóvenes y en la estructura tradicional de la familia.
Al analizar el tema como parte del contenido del podcast que produce junto a Keidy Peña, de la comunidad Madre Todo Terreno, a través del canal de YouTube de Color Visión, la experta indicó que la República Dominicana es una sociedad cimentada en valores, principios, sana convivencia y respeto al núcleo familiar, por lo que cualquier corriente cultural externa debe ser evaluada con criterio y conciencia social.
La jurista sostuvo que es fundamental fortalecer la educación en valores, el sentido de pertenencia familiar y la formación espiritual como pilares de equilibrio emocional en niños y adolescentes. Recordó que el artículo 55 de la Constitución dominicana establece que la familia es el fundamento de la sociedad y debe ser protegida por el Estado.
“Si no asumimos el compromiso de orientar a tiempo, podríamos enfrentar en el futuro inmediato una generación desconectada de su identidad, de su rol en la familia y de su responsabilidad social”, expresó.
El Podcast. El Podcast de Migración y Familia es un espacio digital de orientación legal y formación ciudadana conducido por la Dra. Carmen Herrera y Keidy Peña, que se transmite en vivo los martes a la 1:00 p.m. por el canal de YouTube de Color Visión.
El programa aborda temas actuales vinculados al Derecho de Familia y Derecho Migratorio, ofreciendo herramientas prácticas para que las familias tomen decisiones informadas y apegadas a las normativas nacionales e internacionales. Cada episodio combina análisis jurídico, reflexión social y participación de la audiencia, consolidándose como un espacio educativo y de servicio comunitario, a favor de la sociedad.
Santiago Rodríguez.-Un oficial civil fue hallado muerto, en su residencia en la provincia de San Ignacio de Sabaneta, provincia Santiago Rodríguez.
