Ante las pruebas presentadas por el Ministerio Público, un tribunal de Santo Domingo Oeste condenó a 20 años de prisión a un hombre que violó sexualmente a una embarazada, en un hecho ocurrido el 22 de febrero de 2025 en el municipio Los Alcarrizos.

Arsenio Fragoso fue hallado culpable de violar los artículos 331, 382 y 383 del Código Penal Dominicano, así como los artículos 83 y 86 de la Ley núm. 631-16 sobre el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

El Ministerio Público, representado en audiencia por las fiscales litigantes Sugely Valdez y Francheska Alcántara, estableció que el acusado interceptó a la víctima, quien tenía 33 semanas de embarazo, y a su hija de cuatro años de edad, cuando caminaban alrededor de las 7:00 de la noche frente a un cementerio ubicado en el sector La Piña.

De acuerdo con la acusación, el agresor las amenazó con un arma blanca, tipo puñal, y obligó a la mujer a entrar al camposanto, donde la agredió sexualmente en presencia de la niña.

El expediente acusatorio, instrumentado por la fiscal Nancy Ovalle, detalla, además, que, tras cometer el abuso, el procesado amenazó a la víctima con el arma colocándola en el abdomen y le sustrajo una tableta electrónica.

La sentencia fue dictada por los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado, Julio de los Santos Morla, Clara Yoselin Rivera y Sandra Josefina Cruz, quienes acogieron las pruebas aportadas por el Ministerio Público, entre ellas el certificado médico y psicológico, así como el testimonio de la víctima.

Por decisión del tribunal, el procesado deberá cumplir la sentencia en el Centro de Privación de Libertad (CPL) La Victoria.

Resalta respaldo de la República Dominicana a la campaña “Proteger, Prevenir y Apoyar”, operaciones conjuntas por un mundo libre de fentanilo.

4 de Febrero 2026

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Santo Domingo.– El Agente Especial a Cargo de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en la región del Caribe, Michael A. Miranda, destacó este miércoles el firme apoyo del gobierno del presidente Luis Abinader a las operaciones de interdicción conjunta para combatir las redes de narcotráfico, el lavado de activos y la criminalidad organizada transnacional.

En ese contexto, Miranda subrayó además la firme determinación del presidente Luis Abinader de combatir la corrupción en todas sus manifestaciones y a cualquier nivel en que pueda existir, como un eje fundamental para fortalecer el Estado de derecho, la transparencia institucional y la efectividad de las acciones contra el crimen organizado.

El funcionario de la DEA, quien participó en una reunión de trabajo ampliada con el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José M. Cabrera Ulloa, resaltó el espíritu de cooperación de la República Dominicana para investigar, arrestar y desarticular las organizaciones criminales que intentan desestabilizar la región mediante el tráfico y la venta de drogas sintéticas.

La reunión se enmarca en el amplio respaldo de la República Dominicana a la campaña que encabeza el Gobierno de los Estados Unidos “Proteger, Prevenir y Apoyar”, orientada a enfrentar de manera integral las graves y nefastas consecuencias del fentanilo, así como otras drogas sintéticas a nivel regional y global.

“El liderazgo del presidente Luis Abinader demuestra que la seguridad y la protección de la vida no conocen fronteras. Estados Unidos y la República Dominicana avanzan como aliados estratégicos, con una visión compartida y una cooperación sostenida basada en confianza, trabajo en equipo y responsabilidad común. La activa participación de la República Dominicana en nuestra campaña Fentanyl Free America reafirma que una América libre de fentanilo es posible y que ese compromiso conjunto se traduce en un mundo más seguro, estable y libre de esta amenaza. Cuando los Gobiernos trabajan unidos, los resultados salvan vidas y fortalecen a nuestras naciones”, expresó Michael A. Miranda.

De su lado, el titular de la DNCD, tras agradecer la cooperación continua de la DEA, reafirmó el compromiso del Gobierno dominicano de atacar, perseguir y desarticular las estructuras de narcotráfico nacional e internacional, así como de continuar fortaleciendo las capacidades institucionales frente a las amenazas emergentes del crimen organizado.

En el encuentro acompañaron a Michael Miranda los agentes especiales Kaleb Sanderson, agregado de la DEA en la República Dominicana, y el agente especial supervisor, Melitón Cordero.

Durante la reunión, la DNCD y la DEA pasaron balance a las operaciones conjuntas ejecutadas durante el pasado año y evaluaron las iniciativas estratégicas que podrían desarrollarse en 2026 contra el tráfico de drogas, el lavado de activos y otros delitos conexos.

El primer teniente Ramírez se graduó entre los primeros 10 lugares, compitiendo con representantes de 52 países, lo que constituye un hito histórico para la proyección internacional y el fortalecimiento del talento humano de la Policía Nacional.

Su destacada trayectoria académica y profesional incluye una Licenciatura en Ciencias Policiales y una Maestría en Ciberseguridad, cursada en una universidad de España, así como una sólida especialización en inteligencia policial. Posee formación avanzada en inteligencia y contrainteligencia, análisis de comunicaciones en Israel y técnicas y operaciones de inteligencia policial, áreas clave para la seguridad estratégica.

Asimismo, cuenta con una amplia preparación en el ámbito de las investigaciones criminales, incluyendo investigaciones operativas contra el narcotráfico, investigación de la escena del crimen e investigación judicial, esta última desarrollada en la Dirección Nacional de Investigaciones de Ecuador.

Esta formación integral fortalece significativamente las capacidades institucionales en la lucha contra el crimen organizado y la protección de la seguridad ciudadana.

En representación del director general de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, asistió a la ceremonia el general Juan Gautreaux Martínez, P.N., quien destacó el alto valor estratégico de esta formación internacional para la modernización del servicio policial y el fortalecimiento de las competencias profesionales de la institución.

La graduación del primer teniente Ramón Antonio Javier Ramírez representa un logro institucional de alto impacto, evidenciando los beneficios de la cooperación internacional y reafirmando el compromiso de la Policía Nacional con la excelencia profesional, la modernización y la proyección global de sus miembros.

“La Policía Nacional se proyecta al mundo con innovación, cooperación y transformación constante.” 

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Atendiendo a la solicitud del Ministerio Público, el Tribunal Colegiado de Azua condenó a penas de 30 y cinco años de prisión a dos hombres involucrados en la muerte del chofer de una patana cargada de cemento, en un hecho registrado en el año 2022.

La condena de 30 años de reclusión le fue impuesta a Miguel Ángel Sánchez Sánchez (Mello) y la de cinco años a Guido Radhamés Custodio (Tuto) por la responsabilidad de ambos en el asesinato de Santo Daniel Féliz.

El expediente, instrumentado por el fiscal Edgar Nicolás Ciccone, explica que la mañana 23 de abril del 2022, la víctima se desplazaba en una patana cargada de fundas de cemento que conducía desde Palenque, provincia San Cristóbal, con dirección a San Juan y, al detenerse en una parada en el municipio Nizao, permitió que Sánchez Sánchez y su compañera sentimental apodada Morena, abordaran la patana y viajaran con él.

Durante la investigación, el fiscal actuante pudo establecer que Sánchez Sánchez ocasionó a la víctima asfixia mecánica por estrangulamiento y arrojó el cadáver en las proximidades del kilómetro 20 salida Azua- San Juan.

Ese mismo día, condujo la patana cargada hacia el cruce de Ocoa, donde Custodio le pagó RD$300,000 por las fundas de cemento que había robado a la víctima.

El Ministerio Público mostró al tribunal elementos de prueba que demuestran la responsabilidad penal de los procesados, quienes con sus acciones faltaron a las disposiciones de los artículos 265, 266, 295, 296, 297, 298, 302 del Código Penal Dominicano.

Los jueces Camilo Segura Piña,Adelaida Luciano de León y Shenia M. Rosado Genao, del Tribunal Colegiado de Azua,  determinaron que la condena deberá ser cumplida por los procesados en la cárcel pública 19 de marzo de Azua y en la cárcel pública de Baní.

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Atendiendo a la solicitud presentada por el Ministerio Público, a través del Departamento de Trata y Tráfico de Personas de la Fiscalía de Santiago, un tribunal impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, a un canadiense arrestado en flagrancia mientras traficaba haitianos indocumentados.

Creamer Troy James, residente en Santiago, reincide en los delitos que se le imputan.

La medida de coerción fue ordenada por la jueza Yiberty Polanco Herrán, jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del distrito judicial de Santiago.

James fue detenido por miembros del Ejército mientras conducía la jeepeta marca Changan, modelo X7, color blanco, por una carretera del distrito municipal El Rubio, en el municipio San José de las Matas, donde en medio de la inspección, miembros del Ejército dominicano percibieron que el procesado llevaba una gran cantidad de personas en estado migratorio irregular, incluyendo a un menor de 2 años de edad.

Al momento de su arresto, el imputado violentaba las medidas de coerción, incluyendo el arresto domiciliario, que le fueran impuestas en la jurisdicción de Dajabón, por la comisión de estos delitos.

La fiscal Heidys de León, presentó al tribunal el conjunto de evidencias que comprometen la responsabilidad penal del imputado y las razones por las que debía imponerse la prisión preventiva, a fin de garantizar la presencia del procesado en las siguientes etapas del proceso, por el latente peligro de fuga.

Así también, la litigante presentó al juzgador los cargos que, provisionalmente, se le imputan al ciudadano, por violación a los artículos 2 (letras A y E), de la Ley 137-03 modificada por la Ley 46-25, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.