SANTO DOMINGO.- Respondiendo al pedimento del Ministerio Público, un tribunal condenó a la pena máxima de 30 años de prisión a un hombre por tentativa de homicidio contra su expareja sentimental, en un hecho ocurrido en diciembre del año 2022, en el sector Pueblo Nuevo, de Las Matas de Farfán.
La condena de 30 años de prisión fue dictada en contra de José Manuel Alcántara (Mangue), por actuar con premeditación, acecho, persecución e intentar asesinar a su expareja con un arma blanca, tipo machete.
Los hechos, narrados ante el tribunal por la procuradora fiscal en casos de Violencia de Género e Intrafamiliar Denia Rodríguez, evidencian de forma clara, coherente y contundente, la intención del condenado de asesinar a la víctima, a quien, el 26 de diciembre de 2022, persiguió alcanzó y le produjo heridas en diversas partes del cuerpo, dejándola abandonada al pensar que la había asesinado.
El Ministerio Público demostró al Tribunal Colegiado de las Matas de Farfán, integrado por Blaudy Luciano, Eduard Gerónimo y Sally González, que con sus acciones José Manuel Alcántara violó los artículos 2, 295, 296, 297 y 302 del Código Penal Dominicano.
SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público solicitó prisión preventiva, como medida de coerción, contra un hombre imputado por la muerte de su pareja, en un hecho ocurrido el jueves 1 de enero del presente año, en el sector La Zurza, del Distrito Nacional.
La solicitud fue presentada por el fiscal Héctor E. Sánchez, adscrito al Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios), quien estableció que el imputado Ballardo Manzueta Reyes ocasionó la herida mortal a su pareja mientras ambos se encontraban en compañía de un tercero que presenció el hecho.
De acuerdo con la investigación, mientras ambos se desplazaban hacia el sector La Zurza, se produjo un forcejeo, momento en el que el imputado realizó un disparo que ocasionó heridas de gravedad a la víctima.
Luego de ocurrido el hecho, la mujer fue trasladada a un centro de salud, donde recibió atenciones médicas hasta su fallecimiento dos días después. Las autoridades certificaron que la causa de la muerte fue una herida provocada por proyectil de arma de fuego.
El imputado abandonó el lugar luego de herir a la víctima y fue arrestado el pasado 22 de enero, en virtud de la orden judicial núm. 2026-AJ0000142, tras ser localizado en Pedernales.
El Ministerio Público calificó jurídicamente los hechos como homicidio voluntario, en violación a los artículos 295 y 304, numeral II, del Código Penal Dominicano, y reiteró que cuenta con elementos suficientes para sustentar la solicitud de prisión preventiva.
La audiencia para el conocimiento de la medida de coerción, inicialmente fijada para el pasado domingo 25 de enero, fue aplazada por la jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, para este viernes 30 de enero, a las 9:00 de la mañana, a solicitud de la defensa, que requirió más tiempo para preparar sus presupuestos.
SANTO DOMINGO.- Respondiendo a lo solicitado por el Ministerio Público, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, dictó tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, a un hombre imputado por el robo de materiales destinados a la construcción del Metro y Teleférico de Santo Domingo.
San Esteban Ureña Almonte, quien estaba asignado como seguridad del almacén que guarda diversos materiales para la construcción del Metro y el Teleférico, que se encuentra ubicado en la entrada de Los Alcarrizos, fue arrestado en flagrante delito con decenas elementos estructurales utilizados para las obras de transporte.
La fiscal Mariana Sosa indica en el escrito de imputación que el procesado fue arrestado en la avenida Winston Churchill a bordo de un vehículo, marca Toyota, y que se le ocupó en el baúl decenas de tornillos, tuercas, arandela de metal y rodamientos que fueron reportados como faltantes por el administrador del almacén.
Detalla que luego de una labor de inteligencia, en coordinación con la Policía Nacional, el órgano persecutor determinó que el ahora imputado llevaba los objetos de acero a varias metaleras ubicadas en el kilómetro 20 de la autopista Duarte, Pedro Brand y varios sectores de La Guáyiga.
El procurador fiscal Argenis Gutiérrez en representación del Ministerio Público, durante la audiencia, indicó que el procesado de manera provisional violó los artículos 379, 383 y 386-3 del Código Penal Dominicano.
El juez Reye Rodríguez dispuso que el procesado cumpla la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras.
Caracas, 29 ene (Prensa Latina) Con la fuerza y el espíritu invencible de los libertadores recibí las insignias de nuestra gloriosa FANB, el Bastón de Mando y réplica de la espada de Simón Bolívar, afirmó hoy la presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.
“Asumo esta responsabilidad de Comandante en Jefe como mujer venezolana y junto al poder del pueblo”, señaló en su cuenta de Telegram.
Manifestó que, en “acto solemne y de profundo patriotismo”, exaltó el heroísmo de “nuestros soldad@s y cuerpos policiales, hij@s de Bolívar, a quienes llamo a asumir los nuevos caminos en defensa de una única causa: la paz, la justicia social, la Constitución y el futuro de Venezuela”.
Rodríguez fue investida la víspera como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en el Patio de Honor de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana, en Fuerte Tiuna, Caracas.
Como parte del protocolo, el ministro para la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino entregó a la mandataria el Bastón de Mando y destacó que por primera vez una mujer asume la presidencia de la República y el titulo de Comandante en Jefe de la Fuerza Armada.
Expresó que ese símbolo estará bien cuidado al reconocer “sus virtudes, probidad, honestidad y sabrá cuidar de esta nación».
También un grupo de cadetes entregó a la dignataria encargada la réplica de la espada del Libertador Simón Bolívar.
Rodríguez expresó el honor que le confería estar encargada en “una coyuntura extraordinaria y compleja” en los últimos dos siglos de la historia nacional.
Dijo venir con la fuerza de la historia y del poder del pueblo venezolano que en la madrugada del 3 de enero pasado amaneció en medio de “una terrible agresión militar externa”.
La gobernante encargada rindió honor y gloria a los héroes y heroínas de ese día que combatieron y dieron su propia vida y trasmitió su solidaridad con los familiares y amigos presentes en el acto de lealtad, reconocimiento y juramento.
En nombre de los organismos de seguridad ciudadana y como “muestra de lealtad, compromiso y cohesión”, Cabello leyó el juramento de ese sector y citó al Libertador Simón Bolívar en Angostura cuando dijo que la “unidad de la patria es el único camino a la paz y debe ser nuestra divisa”.
Padrino afirmó que en correspondencia con lo instituido por la Constitución concurrían a este acto de reconocimiento de Rodríguez como Comandante en Jefe para “juramentar disciplina, obediencia y subordinación”.
Se trata de Ankelsy Valerio de Jesús, de 22 años, quien era activamente buscada por las autoridades tras ser identificada como la autora del homicidio de su hermana menor, Anelsy Ceballos de Jesús.
El hecho ocurrió la noche del miércoles en el sector Taína, del municipio San Francisco de Macorís, provincia Duarte, donde la menor perdió la vida tras recibir varios impactos de bala, según informes preliminares.
Tras su entrega, Valerio de Jesús quedó bajo custodia policial para los fines correspondientes, mientras el Ministerio Público profundiza las investigaciones a fin de esclarecer las circunstancias y el móvil del trágico suceso.
Las autoridades indicaron que en las próximas horas se solicitarán las medidas de coerción de lugar conforme a lo establecido por la ley.
La víctima fue identificada como Aneisy Ceballos de Jesús, mientras que la presunta autora del hecho es su hermana, Ankelsy Valerio de Jesús, quien tras cometer el crimen emprendió la huida.
De acuerdo con los informes preliminares, la menor recibió cuatro impactos de bala, lo que le causó la muerte en el lugar. La tragedia ha generado profunda consternación entre los residentes de la comunidad de Taina.
Al lugar se presentaron agentes del Departamento de Investigaciones Criminales (DICRIM) junto a representantes del Ministerio Público, quienes levantaron evidencias e iniciaron las investigaciones correspondientes.
La Policía Nacional emitió una alerta de búsqueda contra Valerio de Jesús, señalada como presunta responsable de violar los artículos 295 y 296 del Código Penal Dominicano, relativos al delito de homicidio.
La victimaria se entrego este jueves a la policia de La Vega desde donde sera trasladara a San Francisco de Macoris donde enfrentara los cargos ante la justicia.
La Policía Nacional, a través del Departamento de Búsqueda y Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados, capturó a un hombre que se encontraba prófugo de la justicia y sobre quien pesan 24 órdenes de arresto, por haber cometido distintos tipos de delitos, entre ellos la falsificación de documentos.
El detenido es Erick Jhoan Riveras Cordero, quien figuraba en condición de rebeldía ante los tribunales y era activamente buscado por las autoridades judiciales.
Tras su apresamiento, Riveras Cordero será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.
Con esta acción, la Policía Nacional reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo las labores de localización y captura de personas requeridas por la justicia en todo el territorio nacional.
La Proedemaren resalta la sentencia que impone, además, dos años de prisión, en modalidad suspendida, a Manuel Castillo Pimentel, de Agroforestal MACAPI
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Acogiendo la solicitud del Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Proedemaren), un tribunal de primera instancia impuso una multa y una indemnización por RD$60 millones a la empresa Agroforestal MACAPI, así como una pena de dos años de prisión suspendida a su propietario por los daños ambientales ocasionados en Loma Redonda, en San José de Ocoa.
La sentencia, dictada por el juez Alfis Brandeli Castillo Castillo, del Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San José de Ocoa, impone dos años de prisión, en modalidad suspendida, al agroempresario Manuel Castillo Pimentel.
Por gestiones de la Proedemaren, el Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San José de Ocoa, notificó la decisión al Ministerio Público, el pasado 10 de diciembre de 2025.
La sentencia condenatoria, marcada con el número 00010/2023 y dictada en fecha 11 de mayo de 2023, estaba pendiente de notificación.
La empresa y Castillo Pimentel fueron procesados por violación a las disposiciones de los artículos 40, 41, numerales 8 y 18, y párrafo II, 80,121, 122,124, 126, 138, 156, 174,175 numeral 1 y 183 de la Ley 64-00 Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales; artículos 62 numeral 1, 63, 64, Ley 57-18, Ley Sectorial Forestal de la República Dominicana; en perjuicio del Estado Dominicano.
La sentencia impone a Agroforestal MACAPI, S.A. y a Castillo Pimentel, al pago de una multa de 5 mil salarios mínimos (RD$50,000,000) a favor del Estado Dominicano y dos años de prisión en la cárcel Pública Baní Hombres, aunque la suspende por la aplicación del Artículo 341 del Código Procesal Penal.
El procurador de corte Francisco Contreras, titular de la Proedemaren, resaltó que el tribunal condena a los procesados, además, a reparar y restaurar el área impactada de aproximadamente 100 tareas con un plan de reforestación con plantas nativas de la zona y supervisado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Contreras explicó que ese órgano del Ministerio Público, además de encauzar el proceso penal, se constituyó en actor civil, razón por lo que a los procesados se le impuso RD$10 millones de indemnización al Estado dominicano, “como justa reparación de los daños morales sufridos por éste a causa de los ilícitos ambientales cometidos por el imputado”.
La sentencia dispone además que los procesados deben pagar las costas penales.
En el caso, el Ministerio Público estuvo representado por los fiscales Rudy Alberto Pérez Medrano, José Espinal Beato, Ramón Emilio Calderón y Héctor Santiago Peralta, de la Proedemaren.
La Proedemaren inició el proceso en julio de 2022. La empresa y Castillo Pimentel son responsables de daños ambientales que perjudicaron los recursos del suelo, la biodiversidad (flora, fauna y recursos hídricos), además de causar impacto ambiental en torno a la Loma Redonda, explica la acusación.
Estos daños incluyen la deforestación de más de 150 tareas, como resultado de la eliminación de especie de la vegetación nativa, como nin, jobo de puerco, guama, uva, palo hediondo, lino, caimito, candelón, cucaracha, bejucos, almácigo, caya, jabilla, bayahonda, entre otras.
Además, con sus acciones afectó una fuente hídrica, la cual dejó al borde del colapso, esto, como consecuencia de la deforestación en un área aproximada de cuatro tareas.
En adición a esto, construyó una explanada de 13 mil metros cuadrados y varios caminos carreteros con una longitud de nueve kilómetros y anchura de tres a cuatro metros.
SANTO DOMINGO .– El Ministerio Público presentó acusación penal en contra de miembros de una familia de la provincia La Altagracia que se dedicaban al secuestro, a extorsionar, sobornar y lavar activos.
Los imputados, Ambiorix Vásquez Severino, Etefany Esmerlin Ramírez Pérez, Manuel Acosta (Angonga), Jhan Carlos Rivera Martínez, Tairi Vásquez Severino y Ruth Delanea Severino Santana, formaron una red criminal para el secuestro, tortura y extorsión de sus víctimas.
La red fue enfrentada por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Altagracia, con el apoyo técnico de las Unidad Antisecuestro de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
Los imputados, simulando ser agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), secuestraron a una persona de 47 años de edad en la comunidad La Otra Banda, de Higüey, provincia La Altagracia.
Portando indumentarias y armas largas, los malhechores raptaron a la víctima, a quien se llevaron presuntamente arrestado y lo trasladaron a un lugar escondido, en la carretera de Miches, donde lo retuvieron cuatro días, torturándolo y solicitando a sus familiares 20 millones de pesos a cambio de su rescate.
La investigación realizada por el órgano persecutor pudo determinar, que los imputados, con lo obtenido del secuestro, adquirieron vehículos de alta gama, prendas de alto valor económico y manejaban altas sumas de dinero, con el cual, permitió que la imputada Ruth Delanea Severino Santana, madre de los cabecillas de la red, intentara sobornar a miembros de la Policía Nacional.
Severino Santana fue arrestada en flagrante delito por miembros de la Unidad Antisecuestro de la Policía Nacional, cuando entregaba en una estación de combustible de San Pedro de Macorís, la suma de RD$400,000, con el propósito de no dejar rastros del sometimiento de su familia.
La acusación penal cumple cabalmente con los requisitos para obtener una sentencia condenatoria en este caso, explicaron la procuradora de corte Ramona Nova, titular de la Procuraduría Antilavado, y Claudia Garrido, fiscal de La Altagracia.
Indicaron que la acusación se basa en pruebas creíbles, obtenidas conforme a la normativa procesal penal dominicana, fundamentadas en cadena de custodia, registros documentales, testimonios corroborados y peritajes que acreditan la autoría y la participación de los imputados.
“La investigación fue realizada con rigor técnico y respeto a las garantías procesales, lo que otorga plena validez probatoria a los elementos presentados ante el tribunal”, indicó Ramona Nova, quien resaltó el compromiso institucional del Ministerio Público de enfrentar el crimen organizado.
De su lado, los fiscales de investigación, Claudio Cordero y Surielly Guerrero resaltaron las pruebas, la concordancia de los testimonios y la existencia de indicios suficientes sobre la participación conjunta de los implicados.
El Ministerio Público está a la espera de la fijación de la audiencia preliminar por parte del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia.
SANTO DOMINGO.- A solicitud del Ministerio Público, un tribunal del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, a un hombre imputado de intentar matar a su pareja sentimental.
La medida le fue dictada a Jorge Luis Vargas Peña, por la jueza Fátima Veloz, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, quien dispuso que el imputado, en su condición de capitán retirado de la Policía Nacional, cumpla la prisión preventiva en la cárcel del Centro de Operaciones Especiales de Manoguayabo, en Santo Domingo Oeste.
De acuerdo con la solicitud presentada por la fiscal Pamela Genao, adscrita a la Unidad de Prevención y Persecución de la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, el hecho ocurrió el pasado 19 de enero de 2026, alrededor de las 10:00 de la noche, en el sector El Cacique, del Distrito Nacional.
El imputado amenazó de muerte e intentó matar a la víctima al realizar varios disparos con un arma de fuego tipo pistola, sin lograr impactarla.
Según la investigación, la agresión se produjo cuando la víctima y el imputado llegaban al parqueo de su residencia junto a sus tres hijos. En ese momento, se originó una discusión, tras la cual Vargas Peña sacó un arma de fuego y realizó un disparo al aire. Uno de los hijos se interpuso ante Vargas Peña para tratar de evitar que agrediera a su madre, mientras otro salió corriendo a solicitar ayuda en un colmado cercano.
El imputado empujó de manera reiterada al niño que intentaba proteger a su madre, mientras le profería insultos. La víctima intentó huir junto a sus hijos, pero fue acorralada por el agresor, impidiéndole escapar, hechos que quedaron captados por cámaras de seguridad instaladas en los alrededores.
El órgano acusador detalla que Vargas Peña empujó violentamente a la víctima y al niño, provocando que ella cayera al suelo, donde fue agredida físicamente, mientras el imputado realizó cuatro disparos al aire. Vecinos del lugar intervinieron verbalmente, pidiéndole que desistiera, mientras la situación era presenciada por una testigo que alertó al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.
Posteriormente, el imputado obligó a la víctima y a dos de los niños a entrar a la vivienda y abordó su vehículo con la intención de abandonar el lugar. En ese momento, una patrulla policial, comandada por un primer teniente, acudió tras recibir la alerta por una balacera. Vargas Peña dejó el arma dentro del vehículo, se identificó como capitán retirado de la Policía Nacional y negó haber realizado disparos.
La Policía Nacional realizó la requisa del vehículo y ocupó en el asiento del conductor una pistola marca Glock, modelo 19, con su cargador y nueve cápsulas. Tras la lectura de sus derechos fundamentales, el imputado fue arrestado en flagrante delito.
El Ministerio Público otorgó al hecho la calificación jurídica de violación a los artículos 2, 295, 309-1, 309-2 y 309-3, literales d y e del Código Penal Dominicano, así como al artículo 396, literal b, de la Ley 136-03, Código para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.
